«Sin denuncias no se puede atajar la ciberdelincuencia»

«Sabemos que el virus WannaCry afectó a equipos de cientos de empresas en España pero hemos tenido que archivar el caso porque nadie ha querido denunciar». La fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ponía este ejemplo -extensivo a otro tipo de ciberdelitos- para llamar a «toda la sociedad» a dar parte a los tribunales de cualquier conducta sancionable cometida en la red pues «sin denuncias no podemos hacer nada, son imprescindibles para atajar estos problemas y tener las armas necesarias para luchar contra un fenómeno en auge».

Tejada subrayaba este mensaje en el desayuno de trabajo que compartió con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, acompañados ambos por el máximo representante del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que ejercía de anfitrión en el Palacio de Justicia, cuyo patio acogió una cita centrada precisamente en la ciberdelincuencia en España.

Al hilo, y preguntados por el impacto de este tipo de acciones, los ponentes -aún sin datos recientes pues la memoria se encuentra en fase de elaboración- sí reconocían que «en torno a un 70% de los procedimientos judiciales en este ámbito están relacionados con estafas». Eso, según precisó Tejada, no implica que sean los delitos más frecuentes pero sí los que más se denuncian porque afectan al patrimonio.

Con todo, no es este aspecto el que más preocupa a fiscales y jueces. Y es que hay otros fenómenos vinculados con las nuevas tecnologías de especial gravedad, tales como la ‘irrupción’ de la «elaboración de pornografía infantil» en el país, hasta ahora más ‘propenso’ a la distribución. «El acceso a sencillas herramientas de edición de materiales que evidencian abuso a menores», señaló Tejada, para añadir al listado de inquietudes el aumento «notable» de las amenazas vía mensajes privados o públicos o muestras de odio que «obligan a hilar muy fino para conjugar derechos y libertades de todas las partes» y que, en todo caso, «afectan en especial a la población joven y pueden incidir en su escala de valores».

Navarro coincidía en destacar la tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión y la necesidad de iniciar investigaciones «a instancias de parte» como los principales «problemas» a los que se enfrenta la Justicia para combatir la ciberdelincuencia. A estos obstáculos nada desdeñables se añade la necesidad de «coordinación internacional» para afrontar esta lucha. «La cooperación es crucial y hay que fomentar que cada país lo asuma y lo ponga en práctica», reclamaba el presidente de la Audiencia Nacional, que anheló instrumentos supranacionales que favorezcan perseguir este tipo de delitos, «que precisamente se amparan en la ausencia de fronteras del ciberespacio y el anonimato que este propicia».

Lamentaba así los fallidos intentos de la ONU en este ámbito reflejados en convenios dispersos «que siempre se han topado con problemas» y asemejaba la urgencia de encontrar soluciones a la que impulsó las regulaciones actuales del espacio aéreo o alta mar.

Con todo, Navarro, antes de enumerar la influencia tecnológica en los principales delitos, así como su inclusión en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, apuntó como «hito» al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que el primer tratado internacional en la materia, en vigor desde 2004 y elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Estados Unidos, Japón, Chile, Costa Rica y Filipinas.

Más allá de los ‘deberes’ de los estados «para poder trabajar con pruebas obtenidas en distintos países y usarlas en procesos penales», tanto Navarro como Tejada hicieron referencia a las obligaciones de los «operadores», es decir, las empresas que brindan soporte material a ese ‘nuevo’ espacio de interacción. «Su cooperación es necesaria y hace falta un reglamento que los obligue a facilitar conservar y facilitar datos que pueden ser reclamados como evidencias de conductas delictivas», apostillaba la fiscal.