El servicio de ayuda a domicilio se rebela ante la precariedad

Más de 600 trabajadoras de la provincia de Burgos están en pie de guerra. Son las empleadas, todas ellas mujeres a excepción de dos hombres, del servicio de ayuda a domicilio (SAD), del que se benefician 2.500 usuarios en hasta 420 localidades diferentes. La negociación con las empresas adjudicatarias del servicio (Azvase, Valoriza, Fepas y Clece) lleva más de un año enquistada y los diferentes intentos por reconducir la situación han chocado con la «inflexibilidad» de la patronal. Las trabajadoras, que reivindican la «dignidad y profesionalidad» de su empleo, destacan la enorme pérdida de poder adquisitivo sufrido pese a la importante labor social que realizan.

«La visión que hay de lo que hacemos no se corresponde con la realidad. Muchos creen que vamos a una casa y limpiamos las lámparas, pero en realidad, somos personal muy cualificado, con el título de auxiliar de enfermería o el certificado de cualificación sociosanitaria», recuerda Marta Aguilar, de UGT. Además, su función social es fundamental en una población como la burgalesa, eminentemente envejecida. «Muchos de los hombres o las mujeres a los que acudimos a ayudar sólo nos ven a nosotros en todo el día. Gente que desea permanecer en su casa y que puede hacerlo si cuenta con nuestro apoyo», explica Julia Quirce, de Comisiones Obreras. «El nuestro, si se plantea bien y se dignifica, es un buen nicho de empleo», añade Soraya Leonardo, también de CCOO. Y, además, permite contener tanto el problema de la despoblación rural (por el lado del usuario y de la propia trabajadora) como de la falta de plazas públicas en residencias de ancianos», afirman.

El pasado mayo, solo las 320 trabajadoras del servicio ofrecido por la Diputación, dedicaron 25.500 horas al cuidado (aseo, cuidado doméstico o relación con el entorno) de 1.296 usuarios. «En muchas ocasiones no solo somos cuidadoras, también somos psicólogas o amigas».

El conflicto

La amenaza de huelga ha sido el último intento de desbloquear la situación, que a nivel regional afecta a 5.300 trabajadoras y los 22.300 dependientes a los que atienden. El miércoles las representantes sindicales y las empresas están convocados en el Serla, y se ha invitado a la Federación Regional de Municipios y Provincias y la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. «Deseamos en que acudan y nos apoyen en nuestras reivindicaciones», expresa Soraya Leonardo. «La actuación de las instituciones es fundamental para resolver el problema», añade Marta Aguilar.

En estos momentos, las posiciones no pueden estar más alejadas. Las trabajadoras piden incrementos salariales del 2 por ciento más IPC o el 2,5 fijo anual; un plus de transporte de 80 euros y un incremento en el cálculo de los costes de kilometraje, que es de 0,19 euros/kilómetro y pretenden elevar a 0,21. Las empresas, por su parte, se limitan a un 1% de subida y a un plus de únicamente 3 euros. A ello hay que añadir, igualmente, la disparidad de criterio con respecto a la incapacidad temporal, que no se compensa en estos momentos en los 3 primeros días y las trabajadoras reclaman que se les reconozca desde el primer momento.

Cansadas del enquistamiento de la situación, las representantes sindicales optaron hace unas semanas por las movilizaciones. El 24 de mayo se manifestaron ante el Ayuntamiento y la Diputación Provincial y el 30 del mismo mes acudieron a las Cortes regionales, donde se reunieron igualmente con todos los grupos. Para el 18 de junio y el 26 se convocó una huelga, pero la primera de ellas se ha suspendido a la espera del encuentro del día 20 en el Serla.

Total inestabilidad

Mientras esperan un acuerdo que solvente sus problemas, el sector de la ayuda a domicilio presenta a un grupo de mujeres en condiciones de «precariedad», dependientes de sus vehículos, con alta inestabilidad y un salario bajo. «En el mejor de los casos, nuestro sueldo mensual es de 900 euros. Pero, como digo, eso es en el mejor de los casos», admite Soraya Leonardo, de CCOO. «Estamos obligadas a una disponibilidad prácticamente total pero apenas trabajamos en muchos casos 10 horas a la semana», relata Julia Quirce, también sindicalista de Comisiones. Como recuerdan, especialmente entre las trabajadoras de la provincia, el número de usuarios es bajo. «No se contabilizan los desplazamientos, además de encontrarnos en muchas ocasiones con el problema de que, si el usuario ha recibido la visita de un familiar o están ingresados, no cobramos», explica. También es muy elevado el absentismo laboral por causa médica, que se sitúa entre un 15 y 20 por ciento de las plantillas por el desgaste físico que supone el empleo (levantar y ayudar a moverse a los ancianos, por ejemplo).

No se encuentran con este problema las profesionales que ejercen en la capital, que sí trabajan a jornada completa y a las que se reorganiza la jornada cuando existen circunstancias especiales. Pero, para las que operan en la provincia, la situación conlleva una precarización máxima. «Una vez más, la pobreza tiene cara de mujer», afirma Soraya Leonardo. «Hay familias que dependen de este sueldo, que es totalmente inestable: hay meses que cobras 600 euros, en otros, si tienes mala suerte y algún usuario ha fallecido, 300... Imaginad las dificultades que esto supone», concluyen.