El Ayuntamiento pierde 108.000 euros al restar personal a Servicios Sociales

El Ayuntamiento ha perdido en el ejercicio de 2017 un total de 108.576,93 euros que tenían como finalidad contratar a un total de seis trabajadores sociales para reforzar los equipos de atención básica de los Centros de Acción Social de la capital burgalesa. Tres de los puestos que podían haberse contratado eran a jornada completa y otros tres eran refuerzos para cuatro meses de 2017, pero con la posibilidad de mantenerse todo el 2018 y 2019, según recoge el Acuerdo Marco que firmaron la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos en noviembre de 2017.Este incumplimiento en materia de recursos humanos para la Gerencia de Servicios Sociales se suma al denunciado hace unos días a través de este periódico. Un grupo de trabajadores de los CEAS de Vadillos y Arlanzón, así como usuarios afectados, han acudido al Procurador del Común para quejarse de que el Ayuntamiento está actuando de «forma irresponsable» a la hora de garantizar el cumplimiento de «derechos considerados básicos». De esta manera expresan su queja porque no se cubre de manera fija y con garantías una plaza de auxiliar administrativo vacante desde febrero. En lugar de eso, se ha llegado a turnar a personal administrativo de otros CEAS para que echen una mano en días alternos cuestión que impide sacar adelante el trabajo con la diligencia necesaria, según denuncian. En el CEAS Vadillos y Arlanzón calculan que desde que falta el auxiliar administrativo y, a pesar de los apoyos temporales, alrededor de una centenar de expedientes habrían sufrido retrasos.No es este el mismo caso que el de los trabajadores sociales ya que si bien estos primeros es la Junta la que aporta buena parte de su nómina, para los auxiliares es el Ayuntamiento el que se compromete en el acuerdo marco a dotar de los medios «auxiliares» oportunos. En concreto aparecen recogidas como obligaciones de las administraciones locales: «contratar el personal administrativo de apoyo y sustituir las bajas y reducciones de jornada del personal técnico financiado por el acuerdo. En el caso de darse, de la forma más rápida posible y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de inicio de la baja o reducción de la jornada».El grupo municipal socialista, en palabras de su concejal Mar Arnaiz, responsabiliza a la Concejalía de Personal y al alcalde, Javier Lacalle, por permitir esta desatención a las familias burgalesas «alargando innecesariamente el sufrimiento» de personas que acuden a los Servicios Sociales. Arnaiz recuerda que se retrasan cuestiones tan prioritarias para las personas como prestaciones económicas de urgente necesidad, solicitudes de arraigo y reagrupación familiar, teleasistencia y ayuda a domicilio.El Acuerdo Marco firmado con la Consejería de Familia contempla una financiación de 35 personas por 1.142.989 euros. En este personal están incluidos 33 técnicos medios, de ellos 24 serían trabajadores sociales y 9 animadores comunitarios. A estas personas se suma un coordinador y un titulado superior.

Pues bien durante 2017 el Ayuntamiento contó con un equipo de 30 técnicos medios, de los que 21 son trabajadores sociales y 9 son animadores socioculturales, así como el coordinador y el titulado superior. De esta manera se han perdido los servicios de tres trabajadores sociales durante el año 2017.Además, la Junta de Castilla y León sensible con el incremento de trabajo en la acción social básica, como consecuencia de la crisis económica, el envejecimiento de la población y el aumento, por ejemplo, de casos de violencia de género, contempló la posibilidad de aumentar la plantilla en otras tres personas que debían incorporarse en septiembre de 2017. Estos refuerzos llegaron en el mes de marzo de 2018 a los CEAS de la capital, por tanto se habría perdido la posibilidad de contar con estas personas durante siete meses completos. Para estos trabajadores la Junta amplió el presupuesto para la anualidad de 2017 en 32.243 euros. Por tanto, el presupuesto total que destinó la administración regional fue de 1.175.232,95 euros.Una vez liquidado el presupuesto de 2017, como explica Mar Arnaiz, el Ayuntamiento ha justificado ante la Junta un gasto en personal de los equipos de atención básica de 1.066.656 euros. Por tanto ha dejado de percibir o de utilizar 108.576 euros.Las principales consecuencias de esta «desidia» es que no se consigue que las valoraciones de la dependencia estén informadas en 45 días y los informes para dictamen en un plazo no superior a 15 días.

BAJAS SIN CUBRIR

Otro de los compromisos del Ayuntamiento es que las bajas del personal técnico financiado deben sustituirse en un máximo de 2 meses. En el caso de Burgos, hay un trabajador social de baja desde el 2 de abril de 2018 y, por ahora, no se sabe nada de su sustituto. Así lo corrobora la concejal socialista que en el último consejo de la Gerencia de Servicios Sociales preguntó por esta sustitución. «En una situación en la que aumenta la demanda de los servicios sociales en vez de emplear el 100% de los recursos que se ponen a disposición del Ayuntamiento, se está racaneando», acusa Arnaiz al equipo de Gobierno.Por parte de Imagina Burgos, Eva de Ara, pone de manifiesto que existe un conflicto entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Concejalía de Personal que no cubre estas necesidades de trabajadores. «La carga de trabajo ha ido en aumento y no se cubren las bajas», asegura la edil.La concejal responsable de Personal, Carolina Blasco, en relación con la ausencia de un auxiliar administrativo asegura que es el gerente de Servicios Sociales el que debe organizar los recursos humanos que tiene. «No entiendo que porque falte un auxiliar administrativo se vaya a parar nada o se acuda al Procurador del Común», señala. Subrayó que la Gerencia de Servicios Sociales va a recibir varios administrativos a través del Plan de Empleo municipal y señala que puede aprovechar esas incorporaciones para redistribuir el trabajo y utilizar la gente con más experiencia para cubrir las necesidades en los CEAS.