Podemos critica a la Junta por la concesión de una ayuda al Icamcyl «marginando» a la UBU
Acusan al Gobierno regional de destinar de forma directa 700.000 euros sin pasar por contratación pública
El grupo de Podemos en las Cortes regionales denuncia «varias irregularidades» en la concesión directa de una subvención a la Fundación Icamcyl por valor de 700.000 euros, creada solo tres meses antes de que se le adjudicara esta cantidad. El procurador Ricardo López acusa a la Consejería de Economía de haberse amparado en una supuesta «singularidad» de este organismo dedicado a la investigación de materias primas críticas para tecnologías industriales cuando la Universidad de Burgos tiene un Instituto público, conocido como ICCRAM, que precisamente se dedica a este tipo de investigaciones. Además el que fuera director del ICCRAM, Santiago Cuesta, es en la actualidad el responsable científico de la Fundación Icamcyl.La formación morada cuestiona si en las fechas en las que se recibe la ayuda, noviembre de 2017, este investigador estaba todavía vinculado laboralmente con la Universidad de Burgos que, por su parte, ha llevado a los tribunales a Santiago Cuesta a quien acusa de «revelación de secretos y de apropiación indebida de materiales».Para López si el investigador tenía contrato con la UBU «podríamos estar ante una incompatibilidad laboral», mientras que en el caso de que no existiera todavía vinculación entre la fundación y el científico en ese momento se podría estar ante una «irregularidad formal».Este jueves están llamados a declarar como testigos el viceconsejero de Industria, Carlos Martín Tobalina, y el presidente de la Fundación Icamcyl, Alfredo Fernández Sutil, en la querella interpuesta por la UBU, como anunció López. Mientras tanto, Podemos pretende «fiscalizar» la gestión que la Junta de Castilla y León ha hecho con el dinero público ya que según sostienen en el expediente de la concesión de la subvención son numerosas las irregularidades. Como ejemplo, aseguran que 20 días antes de que la Fundación presentase ningún proyecto científico (octubre de 2017), el consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, ya anuncia una subvención directa de 500.000 euros. «¿Cómo es posible que se comience a gestionar una ayuda directa cuando ni siquiera se conoce el proyecto?», con esta pregunta acudieron a las Cortes. Según explica el procurador de Podemos por la provincia de Palencia, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró que ya se sabía que se pretendía fomentar un proyecto de colaboración público-privada. López opina que si esto es cierto esa ayuda debió haberse promocionado a través de contratación pública que exige «transparencia, objetividad y concurrencia competitiva» dado que la Universidad de Burgos, a través del ICCRAM, podría haber acudido, ya que llevaba tres años trabajando en estos mismos proyectos y, por tanto con mayor experiencia científica. «Se margina a la UBU y se favorece a empresas privadas», añaden.Podemos cuestiona el origen de la Fundación Icamcyl y también a los socios que forman parte de ella, 8 empresas, algunas de ellas vinculadas con empresarios mineros de «dudosa reputación». Indica que estas industrias habrían recibido 3,5 millones en ayudas públicas de la Junta y del Estado. Según López, «por arte de magia, por arte del PP, empresarios mineros de las cuencas de Palencia y León se convierten en mecenas de proyectos como el anunciado por Icamcyl para paliar el problema de la transición económica en los municipios que han vivido del carbón durante tantos años».