Concurso de acreedores para resolver las facturas del Plan

Cerca de 40 entidades con medio centenar de facturas pendientes por valor total de 210.665,98 euros tendrán que esperar la decisión de un juez para conocer si pueden cobrar las deudas pendientes con la Asociación Plan Estratégico de Burgos. La Comisión Liquidadora de esta entidad, presidida por el alcalde Javier Lacalle, tomó ayer la decisión de instar el preconcurso de acreedores ante «el juzgado ante la falta de recursos para afrontar las deudas».«El juez dirá a futuro», se conformó ayer Lacalle, posiblemente aliviado de la presión vivida por esta cuestión que llegará a una resolución por la vía judicial que podrá fin a la polémica política.De hecho los presentes en la reunión de ayer decidieron que esta es la única opción legal posible por la diferencia económica existente entre los acreedores y los deudores. A los primeros se les debe la cantidad antes mencionada que supera los 200.000 euros, en una deuda reconocida el pasado mes de octubre por la Comisión Liquidadora. Mientras, por su parte, al Plan Estratégico se le debe la cantidad de 994.775,14 euros, de los cuales 922.021,81 euros son derechos contraídos contra el Ayuntamiento de Burgos durante las anualidades de 2013 a 2016.El juzgado tiene un margen de tiempo de aproximadamente cuatro meses para decidir si acepta el concurso de acreedores y, a partir de ahí, un administrador concursal será el que gestione el orden de cobro. En un proceso concursal de una empresa los primeros en cobrar serían los que tengan suscritos créditos garantizados, a continuación los salarios de los trabajadores, después las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social -si las hubiera- y por último los proveedores, es decir, las facturas comunicadas en plazo y aceptadas por el administrador concursal. En este caso, como explicaba una de las personas integrantes de la Comisión Liquidadora se prevé «un concurso limpio» ya que las deudas están reconocidas en el trabajo que, previamente, durante todos estos meses, ha desarrollado la comisión a través de una asesoría externa. «Hay una parte de las entidades que no han abonado las cantidades a las que se comprometieron, que son los deudores, y otra parte en la que están los acreedores que son los que han realizado trabajos que no se han liquidado», precisaban, a la vez que recuerdan que la decisión política tomada el pasado junio ha generado esta situación y ahora los miembros de la comisión de liquidación tienen responsabilidad personal.El administrador concursal podrá reclamar las deudas pendientes a esas entidades que se habían comprometido a participar y no lo hicieron. Así, por ejemplo el principal deudor sería el Ayuntamiento con 922.021 euros y le sigue la Diputación con 16.525 euros. Por su parte, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio deberían cada una como socias del Plan 15.775 euros.El pasado mes de junio ya se preveía que la disolución de esta entidad, creada por el Ayuntamiento y con la participación de medio centenar de entidades de la ciudad entre partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, empresas, FAE, Cámara de Comercio e instituciones como Universidad de Burgos y otras administraciones como la Diputación y la Junta de Castilla y León, iba a acabar en un concurso de acreedores.

El equipo de Gobierno del Partido Popular instó en la comisión de Hacienda una modificación presupuestaria por una cuantía de 210.000 euros que permitiera dotar a la asociación de los fondos necesarios para pagar a los proveedores, la mayoría empresas locales.Sin embargo, la falta de acuerdo político, incluso en el seno del propio PP, propició el voto en contra de esta modificación de créditos para que el Ayuntamiento cubriera las mencionadas facturas.Los grupos socialista, Ciudadanos e Imagina Burgos rechazaron esta modificación y los concejales del PP, Carolina Blasco y Jorge Berzosa se abstuvieron. Desde el PSOE se habló de la existencia de informes de Intervención contrarios a esa modificación. El concejal socialista Antonio Fernández Santos aludió a los documentos que abordan la fiscalización de las cuentas del Plan Estratégico de los años 2013, 2014 y 2015 que recogen en sus conclusiones que «no procede liquidar cantidad alguna» a la entidad.Por su parte, el concejal de Hacienda e integrante de la comisión liquidadora,Salvador de Foronda, explicó que en este proceso de liquidación, el Ayuntamiento se encuentra como deudor y «mi obligación como concejal de Hacienda es preguntar si se van a pagar estos 210.000 euros».En este sentido, recordó que «las cuentas de la asociación se han ido aprobando año tras año por la mayoría de los grupos políticos, entre ellos el Partido Socialista. Está todo recogido en las pertinentes actas».