El Correo de Burgos

POLÍTICA

El PSOE califica de «pataleta» el impuesto de la Junta a Garoña

Reclama al PP que comprometa todos los años una inversión de 10 millones en la zona

Francisco José Martín, Esther Peña y Ander Gil.-SANTI OTERO

Francisco José Martín, Esther Peña y Ander Gil.-SANTI OTERO

Publicado por
M. R.
Burgos

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El PSOE considera una«pataleta» del PP el impuesto de almacenamiento residuos nucleares que la Junta quiere aplicar a la central de Santa María de Garoña más de un año después del cierre de la instalación. El PSOE presentará hasta ocho enmiendas al proyecto de ley que se llevará a las Cortes regionales porque considera que es «una excusa» después de haberse «olvidado durante los últimos siete años» del entorno de la central, según señaló ayer la secretaria provincial del PSOE y diputada nacional,Esther Peña.

La líder provincial del PSOE señala que con este impuesto, elPP «reconoce que se puede generar un daño medioambiental irreversible» al entorno de la central nuclear, a la vez que «no quiere retirar los residuos». Peña recuerda que será un impuesto insólito porque «quiere gravar un riesgo». A su vez, lamenta que el PP haya «negado una y otra vez» las iniciativas del PSOE para gravar la actividad de la central nuclear cuando estaba operativa y generaba «millones de euros».Según la secretaria provincial del PSOE, este impuesto, «lejos de ser una acicate es una excusa» ante el potencial problema que representan los residuos nucleares. Y puede producir el efecto contrario, «lejos de servir para retirar los residuos, puede ser una excusa para el almacenamiento, se abre la puerta a un cementerio nuclear».

Con este impuesto, añade Peña, «no se está dando respuesta a los vecinos de las comarcas del entorno». En este sentido, asegura que el actual Gobierno «está comprometido con los trabajadores y con los vecinos a través de un plan específico». Recuerda que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, «ya anunció la inención de recuperar el Plan Reindus», con un plan que sea de«abajo a arriba, escuchando a las personas».

El portavoz del PSOE en elSenado, Ander Gil, explica que este impuesto supone que el PP «reconoce un riesgo para la comarca» y es la constatación de que «nos da la razón sobre la necesidad de una política energética que contemple el cierre progresivo de las centrales nucleares». Con este impuesto,«no esperábamos que el PP quisiera gravar una empresa que no funciona», por lo que lo calfica como «insulto a la inteligencia». Y confirma, según Gil, que «nunca tuvieron interés en un plan alernativo, utilizando la comarca como un granero de votos».

Por su parte, Francisco José Martín, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Hacienda en las Cortes, es más gráfico a la hora de calificar este impuesto que plantea la Junta.Lo considera el resultado de «una pataleta y de quedarse con el culo al aire» después haber «estado defendiendo la central los últimos 30 años y a sus eléctricas de referencia, Iberdrola y Endesa».En su opinión, este impuesto es un «trampantojo», así como el «mundo al revés, ya que no se aplica un impuesto cuando la central producía y ahora que no lo hace se quiere gravar a la instalación.

El impuesto es «muy malo», según Martín, en dos sentidos. En primer lugar, porque se está reconociendo «por primera vez» un posible riesgo contra las personas y contra el medio ambiente. Martín leyó uno de los párrafos del proyecto de ley sobre el potencial riego que «pone los pelos como escarpias».

Por otra parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Hacienda inida que, desde el punto de vista técnico, «no hay por dónde cogerlo», ya que la legislación señala que «se debe gravar un hecho no un riesgo». No obstante, Marín considera que la Junta sabe esta circunstancia, que hará que «al día siguiente de su publicación lo va a recurrir todo el mundo». Por eso, entre las enmiendas que plantea el PSOE se pide que se concrete la inversión real en la zona que traera el umpuesto en la zona y que la Junta comprometa todos los años «como mínimo» los 10 millones de euros que se pretenden recaudar con este impuesto.

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