El Correo de Burgos

Los incidentes en una finca ocupada agravan el abandono del S-8

Los antiguos dueños llaman la atención sobre los últimos sucesos / Reclaman al Ayuntamiento y a la UTE, que se comprometió a realizar las obras, que actúen

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N. E.
Burgos

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El penúltimo incidente ocurrido en una de las construcciones ubicadas al final de la calle Francisco Salinas, junto a la Glorieta Juan Gil, ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre el abandono que existe en la urbanización del sector S-8, conocido como ‘Fuentecillas II’.Hace pocos días fue necesaria la presencia de los agentes de la Policía Nacional ya que una de las personas, que alega que reside en una vivienda ubicada allí, un ciudadano marroquí de 42 años de edad, había sido agredido por un compañero de piso con una sierra para cortar madera. En el parte de lesiones figura que necesitó puntos de sutura en dos dedos de una mano y, a continuación, esta persona herida presentó la denuncia correspondiente en Comisaría. En el texto se indica que en esa propiedad viven varias personas en ese domicilio y que las discusiones son «continuas».Este inmueble debió ser demolido hace varios años cuando el Ayuntamiento de Burgos adjudicó a una Unión Temporal de Empresas, formada por al menos media docena de firmas de la construcción, la urbanización del sector. Tras la conclusión de las obras previstas ese solar debía haber sido entregado al Ayuntamiento. Sin embargo, la urbanización del sector se paralizó en el año 2010 y, precisamente, quedó toda esta zona sin concluir, además de todos los aprovechamientos urbanísticos previstos para esta parte de la ciudad.Son los antiguos dueños de ese edificio los que llaman la atención sobre el estado de abandono de un inmueble construido hace unos 60 años como residencia por Lucio Arroyo. Junto a su propiedad se encontraba y se encuentra un almacén de materiales de construcción, Juan Gil, que sigue manteniendo la actividad ya que nunca se llegó a cerrar el acuerdo para el traslado. En el caso de Arroyo, lleva desde el año 2005 para cobrar una indemnización de aproximadamente 178.000 euros que es la cantidad que se dispuso, tras recurso judicial, por la expropiación.Al no haberse finalizado la urbanización, según el contrato que firmó el Ayuntamiento con empresas como Copsa, MGB Ingeniería, Hipólito García Urbina, Excavaciones Saiz y la sociedad cooperativa Cuatro Olmos, los antiguos propietarios de esas viviendas -ahora ocupadas-, se preguntan de quién es la responsabilidad en el caso de que un incidente en esos inmuebles acabe provocando una desgracia más grande de las ya ocurridas.Entre diciembre y enero de 2017, ocho personas que residían en aquella edificación tuvieron que ser atendidas por una intoxicación por inhalación de humo. Y las peleas como la ocurrida este septiembre no han dejado de producirse en todo este tiempo, según aseguran. A pesar de haber dejado atrás esa propiedad hace 13 años, fue en 2005 cuando se aprueba por el Ayuntamiento el proyecto de reparcelación, no han dejado de preocuparse por lo que allí ocurre a la vista de todos, pero sin que, aparentemente, nadie ponga soluciones. De esta manera, han presentado varios escritos en el Consistorio reclamando aclaraciones y también su indemnización económica. Lucio Arroyo, a sus más de 90 años de edad, asegura que de palabra les dan la razón y les dicen que tienen derecho a la cantidad económica que se fijó, sin embargo los técnicos se excusan en el contrato firmado con los agentes urbanizadores que son quienes deberían hacerse cargo de resolver las deudas y de terminar las obras.Esta familia se topó con la crisis económica y, en especial de la construcción, que ha dejado este sector inconcluso, así como otros cercanos, en este caso el S-7. Varias de las empresas que se unieron para desarrollar urbanísticamente estas superficies están ahora desaparecidas o en procesos concursales. Las obras a las que se comprometió el agente urbanizador debían dejar la zona preparada para la construcción de viviendas, así hay zonas de carriles bici, jardines y calles medio ejecutadas.Tras el suceso ocurrido en enero de 2017, aquella intoxicación por humo, el concejal socialista Antonio Fernández Santos salió a los medios de comunicación recordando que el Ayuntamiento debía hacerse responsable del mantenimiento del solar y de las construcciones que allí existen. Por su parte, desde el área de Urbanismo se llamaba la atención de que nunca se recepcionó la obra y, por tanto, se entendía que este suelo sigue siendo de la Unión Temporal de Empresas que por el procedimiento de concurrencia optó a la urbanización de las parcelas del S-8.Tiempo más tarde se habló de retomar las conversaciones con las empresas urbanizadoras para buscar una salida para que se ejecute el 15% de obra que resta en este sector, según calculaba la concejal de Urbanismo, Ana Bernabé. Sin embargo, no se planteaban todavía una rescisión del contrato.Las empresas iniciaron conversaciones con los propietarios, tanto con la familia Arroyo, como con los dueños de la empresa de materiales de construcción, pero el acuerdo parece lejano, en palabras de los Arroyo que ya llegan a pensar en la posibilidad de que si no acceden a la cantidad que se acordó, poder recuperar su propiedad. En febrero de 2017 la UTE se daba nueve meses para llevar a cabo el derribo y otros tantos meses para acabar con la urbanización. Sin embargo, en septiembre de 2018, la situación se mantiene en el mismo punto.En el pasado pleno del mes de mayo se aprobó por unanimidad una proposición, presentada por el grupo municipal Imagina Burgos, en la que se puso la mirada sobre el S-7 (vecino del S-8) en una situación parecida dado que está inconcluso, pero en el que, sin embargo, sí de desarrollaron varios bloques de viviendas cuando estaban previstas un total de 1.273. El planteamiento aprobado fue iniciar las conversaciones con las empresas urbanizadoras para reclamar las dotaciones pendientes en el S-7. A la vez, se recordó que hay al menos otros dos sectores el S-8 y el S-4 (zona Villímar) en situaciones parecidas.

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