La jueza acusa a los exjugadores de la Arandina de agresión sexual continuada

«Claros indicios de culpabilidad». Con estas cuatro palabras, la jueza que ha instruido la investigación sobre la presunta implicación de los tres ex jugadores de la Arandina - Carlos Cuadrado Santos, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo- en una agresión sexual a una menor de edad, da vía libre a un juicio que muy probablemente comience en el plazo de un año. En el auto judicial al que ha tenido acceso El Correo de Burgos, los deportistas se enfrentan a una acusación de delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años, estipulado en el artículo 183.3 y 4, letra b, del vigente código penal.A la hora de argumentar su decisión, la magistrada destaca como indicios las dos exploraciones de la víctima «en las que ha relatado pormenorizadamente los hechos, coincidiendo en los aspectos esenciales que configuran la figura delictiva»; las propias declaraciones de los investigados, «que se han limitado a negar los hechos no coincidiendo en algunos aspectos de sus versiones entre sí» o las exploraciones de algunos de los testigos menores de edad «que corroboran periféricamente la versión de la menor».

Además, también se ampara en los testimonios de las personas del entorno más próximo a la menor: las hermanas y los padres de la denunciante, la prima, el tío y la educadora y la psicóloga que atendían a la joven de forma previa al día de autos. «De forma similar relatan cómo la propia víctima les contó lo que le había ocurrido», añade con la vista puesta en los informes policiales sobre extracción, volcado y análisis del contenido de los teléfonos móviles de la menor y de los investigados, «de donde se infiere tanto el conocimiento por parte de los investigados de la edad de la menor, como sus intenciones sexuales con la misma, valiéndose de su superioridad en madurez y en número».La jueza tiene en cuenta, por otro lado, el informe pericial psicológico y médico-forense sobre secuelas de la víctima, el pericial psicológico de madurez de los investigados y la víctima y el de biología forense. En base a ello, puntualiza que todas estas circunstancias que «se hacen constar como indicios de culpabilidad de los investigados, sin perjuicio de su posible valoración por el Juez o Tribunal sentenciador como circunstancias que puedan eximir o atenuar su responsabilidad criminal».En dicho auto, que supone la imputación formal de Cuadrado, Rodríguez y Calvo; el Juzgado de Aranda de Duero convoca a los deportistas a una nueva declaración indagatoria que tendrá lugar el 15 de octubre a primera hora de la mañana.El requerimiento contempla además un requisito económico y, en forma de pieza separada, reclama a los deportistas una fianza solidaria de 52.000 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria. «Si no cumplimentaran dicho requerimiento en el plazo de una audiencia desde la notificación de este auto, procédase al embargo de bienes de su propiedad bastantes para atender dicha suma dineraria o acredítese su insolvencia», insta la instructora.Con esta cantidad se pretende hacer frente a una responsabilidad civil dados los informes forenses y psicológicos sobre las secuelas de una menor que «sufrió un cuadro de trastorno depresivo mixto ansioso depresivo» que le obligó a someterse a un tratamiento farmacológico y seguimiento médico y psicológico. En concreto, la magistrada fija 30.000 euros por daños morales y calcula unas costas de 10.000 euros. «A la suma de estos dos importes se le aplica una tercera parte más, con lo que la cifra total alcanzará un importe de 52.000 euros», señala.La imputación de la jueza no implica que los acusados deban regresar a prisión, donde permanecieron 85 días. Asimismo, la magistrada especifica que podrán seguir en libertad siempre que respeten las medidas cautelares que les impuso tanto la Audiencia Provincial de Burgos, el 6 de marzo, como el propio juzgado un día después. Estas medidas cautelares les impiden entablar cualquier contacto con la menor, con la que deben mantener una distancia mínima de 1.000 metros, y abandonar el territorio español sin autorización judicial. Además deben presentarse ante el Juzgado o las Fuerzas de Seguridad del Estado los días 1 y 15 de cada mes y notificar cualquier cambio de domicilio, aunque sea temporal. En estos casos, una sola vulneración de cualquiera de estas medidas supondría su regreso a prisión preventiva.Opinión de los letradosLa resolución no es firme, por lo que cabe recurso de reforma ante el Juzgado de Aranda de Duero y/o de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. Así lo hará el abogado de la defensa, Rafael Uriarte. «No hay pruebas objetivas», insiste mientras pone como ejemplo el relato del único testigo presencial, que aseguró que en la tarde de los presuntos hechos estuvo en la casa pero «ni oyó ni vio nada raro», o las pruebas de ADN, cuyos resultados científicos no lograron identificar restos biológicos.Discrepa por completo de sus argumentos el abogado de la acusación popular, Antonio Calvo. «El hecho de que en las pruebas de ADN no haya aparecido ningún resto biológico no significa nada, porque todo el mundo ha reconocido que estuvo ahí. Además, después de tres semanas, las cosas se lavan. Es lógico». Para el letrado, aunque el procedimiento se «ha enredado mucho desde el punto de vista mediático por ‘la Manada’», está convencido de que se trata de un «caso de libro». «Estamos hablando de entre 12 y 15 años de cárcel», sostiene Calvo.Una vez que la magistrada ha dado por finalizada la instrucción, los letrados de las acusaciones y de la defensa se encargarán de formular a lo largo de los próximos días sus escritos de acusación y de exculpación, respectivamente.