La ONU amplía la paralización del desahucio de la calle Briviesca y genera un precedente

BURGOS

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) paralizó de forma cautelar el desahucio de Ciriaco y Fátima, que el 7 de septiembre iban a ser desahuciados de su vivienda en alquiler por impago de la renta con cinco menores a cargo, para evitar «posibles daños irreparables» a la familia y favoreciendo «la suspensión del desahucio de la vivienda que ocupan hasta otorgarles una alternativa adecuada a sus necesidades».

Cuando la resolución con la paralización cautelar de la ONU llegó al Juzgado de Burgos ya se había frenado el desahucio hasta el 17 de septiembre, fecha en la que se producía el sorteo del Parque Municipal de Viviendas en el que esta familia de Guinea Ecuatorial tenía todas las papeletas para ser adjudicataria.

Pero esta gestión iniciada desde la PAH, ante la situación dramática para paralizar el desahucio de Ciriaco y Fátima, que se gestó en poco más de un día entre los trabajadores sociales del Ayuntamiento primero y la plataforma después, ha permitido dilatar la paralización del desahucio hasta el día de ayer en el que se hizo la entrega de llaves y la familia ya tiene las de su nueva casa. «Decidimos continuar con el proceso para garantizar que hubiera plazo suficiente tras la reunión técnica por si algo fallaba», explica la portavoz de la PAH, Julia Braceras.

El proceso de aplicación del Tratado Internacional por los derechos económicos se trasladó desde la ONU al Ministerio de Exteriores y al Ministerio de Justicia y un Abogado del Estado requirió a los juzgados de Burgos la paralización de este desahucio»hasta tener una solución de vivienda habitacional contrastada».

Así, esta familia pudo mantenerse en el inmueble hasta el día de ayer 24 de septiembre. En la reunión de la comisión técnica y la comisión de los integrantes del Parque Municipal de Viviendas (el 17 y el 21 de septiembre respectivamente) esta familia ha sido adjudicataria de uno de los cinco inmuebles reservados para personas en riesgo de desahucio. Pero el proceso incoado por la Comité de Derechos Económicos de la ONU sigue su curso. «Se ha reclamado información tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León sobre las medidas que se han tomado en este caso para evitar posibles daños irreparables a esta familia, especialmente cuando tienen un menor de tres años a cargo y otros cuatro menores más», destaca la portavoz de la PAH, Julia Braceras.Las dos administraciones pueden «sufrir una sanción económica por no contestar a una situación de riesgo y si considera que la alternativa ni era suficiente ni la adecuada» explica Braceras quien añade que «el Ayuntamiento actuó, tarde pero actuó, la Junta aún no se ha pronunciado». Por parte de la PAH, que actúa en nombre de la familia, se ha remitido ya el informe de entrega de llaves, que se hizo ayer 24 de septiembre. En un mes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitirá una resolución sobre este asunto.Pionero y ejemplo

Es la primera vez que la PAH Burgos se acoge al artículo 5 del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que está en vigor desde el año 2013 aunque hay discusión sobre si tienen carácter vinculante o no. Para el juzgado que llevó el caso de la calle Briviesca sí lo tiene.

Un caso que ha servido como ejemplo en un desahucio en Alcorcón (Madrid). «Paralizaron un desahucio y llevaron la resolución de Burgos para que sirviera como ejemplo al juez y se logró», explica Braceras y que también se ha utilizado por la PAH en León que está suspendido por la aplicación de este tratado internacional aunque aún carece de auto de suspensión de la ONU.

En julio responsables de la PAH y otras organizaciones mantuvieron una reunión con el Consejo General del Poder Judicial para determinar si estos tratados son vinculantes o no. Pero el Tribunal Supremo dictó sentencia en el caso de Ángela, cuya hija fue asesinada por su padre en uno de los permisos en los que la ley obligaba a la madre a entregar a su padre condenado por maltrato, parece haber sentado precedente. La indemnización en este caso, tras un largo proceso judicial que se prolonga desde 2014, ha sido de 600.000 euros pero el cambio de proceder en el respeto a los pactos internacionales por parte de la Abogacía del Estado parece clara.Dos versiones

Este caso ha sido la chispa que ha enturbiado la relación entre la concejal de Acción Social, Gema Conde, y la portavoz de la PAH, Julia Braceras. Mientras la primera asegura que si bien la familia era conocida en los servicios sociales, la situación de desahucio «se nos comunicó el día anterior» y que «“los trabajadores sociales hicieron todas las gestiones posibles para remitir un escrito de paralización al Juzgado, trabajando en esto más allá de su horario laboral por la urgencia».

Una documentación que a juicio de Conde «fue la que paralizó el desahucio» y que además “»se trabajó en contar con una solución habitacional en caso de no lograrlo que estaba preparada el día del alzamiento».

Braceras sostiene que es «la primera vez que los técnicos del Ayuntamiento nos llaman para paralizar un desahucio». Se recibió la primera comunicación a las tres menos cuarto de la tarde y «vimos que era para el día siguiente así que pedimos a los técnicos que emitieran un informe de que el Ayuntamiento estaba pendiente de dar una solución habitacional, se lo mandamos al abogado a las 17 horas y al Juzgado por Lexnet a las 19 horas y ante el miedo a que no llegara a tiempo acudimos a la cautelar de la ONU», explica Braceras. No entiende la portavoz de la PAH que en el Ayuntamiento no supieran del alzamiento cuando»la orden está entre la documentación que se presenta el 11 de julio que se pide a la familia para entrar en el concurso del Parque Municipal de Vivienda».Más información en la edición impresa