El TSJ anula la adjudicación del centro de tratamiento de Abajas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha anulado la orden por la que el consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente adjudica el contrato de servicio de gestión del centro de tratamiento de residuos de Abajas por importe de 1.476.000 euros. De esta manera, se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A.El fallo ordena retrotraer las actuaciones al momento de la valoración de las ofertas presentadas para que se efectúe una nueva y, a partir de ahí, continúe el procedimiento en la forma legalmente establecida. Por último, se ordena imponer las costas a la parte demandada y codemandada (la empresa adjudicataria del servicio).La adjudicación se hizo efectiva a través de la resolución 83/2016, de 22 de diciembre de 2016, hacia la Unión Temporal de Empresas formada por Acciona Servicios Urbanos y Copsa Empresa Constructora que con anterioridad había sido rechazado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.Según se relata en la sentencia previamente, el 10 de octubre de 2016, la mesa de contratación acuerda considerar «desproporcionada o anormal» la proposición de la recurrente. Según se explica en el fallo, la oferta económica de Valoriza era la más económica con un precio de 1.396.250,37 euros. Para justificar esa bajada en el precio con respecto a las otras concursante presenta un informe en el que indica que es gestora de otros vertederos de características similares y que incluso ha estado ejerciendo el contrato de gestión del servicio público de mantenimiento, conservación y explotación del centro de residuos urbanos y envases de Abajas desde 2010, ubicado de forma anexa a las instalaciones del vertedero, con las ventajas consecuentes de esa proximidad entre las instalaciones.En total, cinco firmas concurrieron al concurso público para gestionar el centro de tratamiento de residuos de Abajas. El pliego de condiciones establecía una duración del contrato por tres años, prorrogable por otros tres y un valor estimado de 3,6 millones de euros.En su sentencia, el TSJCYL estima la existencia de una infracción del ordenamiento jurídico que ocasiona a la recurrente «efectiva indefensión» en la medida en que mediante la resolución de adjudicación se impugna que no puede conocer las razones por las que ha sido excluida de la licitación, ni aquellas por las que ha sido adjudicada a la empresa seleccionada. Establece la sala que se ha infringido el artículo 152.3 y 4 del texto de la Ley de Contratos del Sector Público.