Más de 25 millones de inversión en vivienda pública en este mandato

Hay voces que hablan del escaso efecto de la política de vivienda social y publica de la Junta de Castilla y León. Consideran que su radio de acción debe ser previo a la situación más extrema que supone llegar a un desahucio tras impagos de cuotas de hipoteca o rentas. Y más cuando hay menores a cargo. Pero la consejería de Fomento se defiende con cifras. En la provincia de Burgos se han invertido 25,14 millones de euros en materia de vivienda pública en la presente legislatura. La inversión se divide en tres grandes líneas estratégicas que lejos quedan de los tiempos precrisis en los que se apostaba por la promoción de Vivienda de Protección Pública (VPP) en venta. Ahora se apuesta por el alquiler, que ha beneficiado en la provincia de Burgos a 2.905 familias que han percibido subvenciones por valor de 3,7 millones de euros.

En cuanto las ayudas a rehabilitación se han aportado desde la administración pública 7,4 millones para la mejora de 3.570 viviendas. En este ámbito se enmarca también el apoyo y desarrollo de las Áreas de Regeneración Urbana que se llevan a cabo en San Cristóbal, en la capital, y en la zona Ebro-Entrevías de Miranda de Ebro. En la primera se han destinado 9,3 millones de euros para reformar 436 casas mientras que en el segundo programa se han destinado 4,6 millones de euros para mejorar 191 inmuebles.

Además del apoyo a otros propietarios o a inquilinos fuera de la órbita de los servicios públicos, Fomento cuenta con un parque de viviendas protegidas de gestión de la administración a las que hay que sumar las promociones privadas de las que «no se dispone de una estadística de cuántas están en venta o alquiler ya que una vez calificadas por la Administración se incorporan al tráfico privado de bienes», señalan. Así actualmente la provincia de Burgos cuenta con 667 Viviendas de Protección Pública de la Junta en proceso de compra. Además hay que sumar un parque público de 192 VPP tuteladas por la Junta en régimen de alquiler social. De estas 156 son propiedad de la administración regional mientras que 23 son del parque generado por el Sareb y otras 13 son propiedad de ayuntamientos de la provincia pero que la Junta ha reformado en virtud al programa Rehabitare para que sean destinados a alquiler social.

En el seno de Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales se ha propuesto redactar un documento entre todos los grupos políticos para reivindicar ante la Consejería de Fomento al necesidad de incrementar el parque público de viviendas públicas con destino a viviendas sociales. Unas promociones que tendrán que esperar. Tal y como aseguran desde Fomento «en plena crisis y con un consenso de las administraciones públicas y los agentes sociales se acordó un giro completo de la política pública de vivienda: ahora ya no se fomenta la compra sino el alquiler, y ya no se estimula la nueva construcción sino la rehabilitación.

Además, ya no se estimula la urbanización de nuevo suelo sino la regeneración urbana». Si reconocen que la política anterior de promoción pública en régimen de venta, impulsada durante 60 años, «visto con perspectiva fue un éxito porque en España y en la región se construyeron muchísimas viviendas y muchísimas personas se hicieron propietarias». Ahora bien desde la institución regional consideran que «el éxito llevó al exceso y ahí llego la crisis: demasiadas viviendas construidas no encontraron comprador». Ello llevó a la «ruina para el promotor que trabajaba a crédito» y, por otro lado, «demasiadas personas que habían comprado y no pudieron pagar los créditos que pidieron para ello». Ante esta situación y «en consenso con administraciones públicas y agentes sociales» se acordó el cambio de fórmula de actuación en un mercado libre, el de la vivienda, pero que juega con un derecho fundamental de tener un techo y que es mucho más sensible cuando hay menores a cargo.

Pero la demanda, sin acudir a situaciones en riesgo de exclusión social, es evidente. El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida está operativa y registraba hasta este verano a 3.028 solicitudes en toda la provincia y 1.972 en la capital. Un registro que «se utiliza como herramienta de medición de la demanda de vivienda por parte de personas que tienen dificultades para acceder al mercado libre».