27.000 hogares, pendientes de los nuevos bonos energéticos

Si los burgaleses, por un momento, pensaron que el asunto referente al bono social eléctrico había terminado, estaban equivocados, puesto que el Gobierno y Unidos Podemos han anunciado que formarán el bono social eléctrico y reharán uno general, que incluirá el gasista, con el fin de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado que han firmado el pasado 11 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. La ampliación de la ayuda deberá ser convalidada esta semana en el pleno del Congreso, por lo que están a la espera de su convalidación.

A 30 de septiembre, los datos facilitados por Iberdrola señalan que, en la provincia de Burgos había activos un total de 27.510 bonos sociales, de los cuales 20.609 son los que tienen activo el bono social ‘viejo’ y los otros 6.901 son los que ya tienen activo el nuevo bono social. El número de solicitudes recibidas en la provincia burgalesa a 2 de septiembre asciende a un total de 9.330 solicitudes del nuevo bono social.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se podrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar íntegramente esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario. El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable.

Además, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos en el bono social eléctrico.

A nivel de Castilla y León a cierre de septiembre había activos un total de 943.644 bonos sociales, de los cuales 636.745 son los que tenían activo el bono social ‘viejo’ y los otros 306.899 son los que ya tienen activo el nuevo bono social. El número de solicitudes recibidas en la comunidad a 2 de septiembre asciende a un total de 59.405 solicitudes del nuevo bono social.

La pasada primavera este asunto tenía que hacerse efectivo. Por la contra, se concedió una prórroga hasta el pasado lunes 8 de octubre. Bien, pues la historia continúa, puesto que el Ministerio de Transición Ecológica ha optado por otra moratoria hasta el 31 de diciembre, para que, aquellos que no lo hayan hecho aún, lo soliciten. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que esta iniciativa está específicamente diseñada para estos próximos seis meses en los que el invierno hará más difícil hacer frente a estas necesidades. El decreto, además, suspende el impuesto del 7% sobre la generación y aprueba una exención «del mal llamado céntimo verde», para moderar de manera urgente el precio de la electricidad, lo que conllevará a un ahorro alrededor del 4% en el recibo.