MUNICIPAL
El Ayuntamiento solicita a Hacienda reclasificar la deuda de Villalonquéjar
Lacalle se reúne con el director de la Oficina Nacional de Contabilidad para pedir el cambio
Imagen de una reunión del consorcio de Villalonquéjar.-SANTI OTERO
El Ayuntamiento de Burgos ha solicitado a la Oficina Nacional de la Contabilidad, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la reclasificación parcial de la deuda del consorcio de Villalonquéjar para cumplir con el mandato del Pleno municipal celebrado el pasado 15 de diciembre de 2017 para reestructurar la deuda, «con la previsión de actuaciones tendentes a asegurar la viabilidad financiera del consorcio y en base a su plan de ventas de parcelas», según recuerda el Consistorio en una nota de prensa.
Esta petición se fundamenta también, según recoge la nota de prensa, en que a lo largo de este año se ha acelerado el ritmo de ventas de las parcelas del polígono industrial de Villalonquéjar III y IV, a un ritmo superior al previsto, «lo que permite solicitar al Ministerio de Hacienda que se vuelva a considerar este sector como mercantil, y no como sector relacionado con las administraciones públicas, como venía siendo considerado con anterioridad». El alcalde, Javier Lacalle, se reunió ayer con el director de la Oficina Nacional de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, Juan Miguel Bascones, para presentarle esta solicitud. En ella se recuerda que el Pleno del Ayuntamiento de diciembre de 2017 aprobó un convenio con el consorcio de villalonquéjar para la reestructuración de la deuda.
El acuerdo sobre reestructuración de la deuda llegó tras un acuerdo entre el PP y el PSOE en el que los socialistas planteaban cuatro condiciones para apoyarlo. Precisamente, la primera de ellas era que la Oficina Nacional de Contabilidad clasificara el consorcio como una entidad no financiera, ya que si no se lograba este cambio la deuda del consorcio de 109,8 millones de euros pasaría a ser deuda del Ayuntamiento en el año 2019. Esto haría que la deuda municipal, según recordaban los socialistas, superaría los 200 millones de euros.
En la carta entregada al director de la Oficina Nacional se recuerda que «parte esencial» del plan de ventas que se recoge en el convenio, destinado a la llamada deuda sostenible, en el que «consta una previsión de venta de activos inmobiliarios que posibilita el cumplimiento de la devolución de las deudas financieras contraídas». El Ayuntamiento recuerda que desde finales del pasado año ya se ha vendido el 57% del suelo industrial. Así, en el balance de situación abreviado del consorcio que adjunta el Ayuntamiento en la carta se señala que se ha vendido suelo por valor de 7,8 millones de euros, mientras que de las parcelas ya adjudicadas en 2019 la previsión es de 16,1 millones.
Con todo lo anterior, el alcalde considera que hay «razones suficientes para que ese centro directivo pueda considerar las operaciones de comercialización como actividad de mercado», por lo que «parte de la deuda sostenible debe quedar ahora ya comprometida dentro del sector ‘Sociedades Mercantiles’ y, por tanto, fuera del sector ‘Administraciones Públicas’». Para justificar esta reclasificación se alude a los «beneficios resultantes», la «retasación de dichos activos» y las «proyecciones de ventas ya adjudicadas pendientes de elevación a escritura pública».
A estos datos se añade que las cuentas del consorcio«son auditadas de forma externa al consorcio y al Ayuntamiento» y que «desprenden un resultado positivo de beneficios», así como que se están realizando operaciones de enajenación de suelo que están «incluso por encima del ventas aprobado». A ello añaden que «las aportaciones municipales exclusivamente se dirigen a la amortización de la deuda no sostenible, con lo que esas transferencias quedan por debajo del 50%». Otros argumentos que se incluyen en la carta de Lacalle son que el consorcio no desempeña una actividad de servicio público, ya que su objeto social es la venta de suelo industrial, así como que el consorcio cuenta, en su composición, con «una entidad privada que aporta la mitad de sus integrantes».
El alcalde cierra la misiva señalando que «a la vista de los buenos resultados económicos del consorcio, ya visibles desde finales del pasado año», parece «justicia» el cambio para que el consorcio esté fuera del sector de administraciones públicas.