Los técnicos ven viable redactar una nueva ordenanza para aclarar la tasa del agua
Dejaría de denominarse tasa para considerarse una prestación patrimonial pública no tributaria
La reunión de técnicos municipales para resolver la cuestión de si el Ayuntamiento debe pagar la tasa por el agua que consume a la Sociedad Aguas de Burgos permitió aclarar algunas cuestiones al menos en lo que se refiere a la relación de cara al futuro entre la sociedad y su matriz: el Ayuntamiento. Así lo explica la concejal presidenta de la empresa de capital 100% público, Carolina Blasco, que señalaba que sobre lo que no hay acuerdo es en relación con el pago de las facturas pendientes que supera los dos millones de euros y que se refieren a varios ejercicios entre 2011 y 2018, unos 300.000 euros por año.Blasco precisa que la posible solución estaría en redactar una nueva ordenanza que indique que en lugar de establecer una tasa para el Ayuntamiento, cobre el mismo importe como prestación patrimonial pública no tributaria. «Es un cambio de concepto en el pago para evitar el criterio de que el Ayuntamiento no se puede pagar una tasa a sí mismo. Desde el punto de vista económico no implicaría ningún cambio en la relación entre el Consistorio y la Sociedad de Aguas», señala.La presidenta de Aguas de Burgos asegura que ya en mayo se envío al Ayuntamiento una propuesta para cambiar la ordenanza que esperan que se agilice para que en un plazo de tres meses esté resuelta la situación. Para la concejal del PP, no tiene sentido que no se paguen las facturas cuando el Ayuntamiento sí abona, por ejemplo, el impuesto del IBI por sus inmuebles o los impuestos por los vehículos municipales. En este caso es un impuesto y no una tasa, pero el Ayuntamiento se paga a sí mismo, como explica la edil.Por otro lado, con respecto a las facturas pendientes, Blasco indica que existen dos criterios diferentes uno en Intervención y otro en la Oficina de Gestión Tributaria. Para la Intervención existe crédito para pagarlas, de hecho este año se aprobó una modificación del presupuesto de 1,8 millones de euros para hacer frente a estas facturas, y se reconoce la obligación de hacerlo. Mientras el otro punto de vista hace referencia a que hubo un decreto del alcalde en 2017 que anuló una serie facturas y en que el Ayuntamiento no se puede pagar una tasa a sí mismo.La concejal responsable de la sociedad confía en que se vuelva a convocar una nueva reunión para seguir avanzando en esta problemática para que quede resuelta antes de que acabe este ejercicio.