El PSOE descarta un peaje en la AP-1 en manos del Estado

El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de carreteras ha hecho saltar las alarmas, de nuevo, sobre el futuro de la liberalización de la AP-1, cuando apenas quedan 20 días para ver levantar las barreras de la autopista. En el texto recogido en el Boletín Oficial del Estado se abre la puerta al cobro de peajes por la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) «al asumir, en su caso, la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido o que reviertan al Estado».La norma no especifica en qué autopistas está pensando el Gobierno de Pedro Sánchez y esta cuestión desató una nube de especulaciones alentadas por el Partido Popular de Burgos. Su presidente provincial, César Rico, hablaba en la mañana de ayer de «fraude a los burgaleses» que podrían dejar de pagar a una empresa concesionaria para hacerlo al Estado a través de una empresa pública que recaudaría el dinero para el Estado.Desde el Partido Socialista, la secretaria provincial y diputada nacional Esther Peña, se apresuró a contextualizar el Real Decreto Ley y descartó un nuevo peaje en la AP-1. «Animaría a todos los cargos del Partido Popular a que disfruten de la autovía gratis a partir del 1 de diciembre como podrán hacer todos los burgaleses», aseguró la socialista, que calificó de «pataleta» la reacción de los populares al ver la normativa publicada en el BOE de este viernes.Peña insistió en que solo se ha empezado a hablar de la gratuidad de esta autopista a partir de la llegada al Gobierno de España de los socialistas y recordó que la hoja de ruta que tenía marcado el ejecutivo anterior era bien distinta. «Nunca conseguimos que nos contestasen claramente cuál iba a ser el futuro de la autopista a partir del 1 de diciembre ni que nunca dijeran la palabra gratuidad», expuso. En este sentido, manifestó que en estos cinco meses se han dado los pasos que se han podido dar en un tiempo muy apresurado ya que una liberalización de este calado exigía «un trabajo previo de 18 meses como han reconocido los técnicos».La secretaria provincial del PSOE en Burgos argumentó que ese párrafo del Decreto ley se refiere a las autopistas quebradas como lo son las radiales de la Comunidad de Madrid. Según dijo, «no puede ser que cuando a las empresas concesionarias de estas autopistas les ha ido bien se han quedado el dinero y cuando les va mal, las tienen que rescatar los españoles. Por tanto, este decreto dice que esas autopistas van a gestionarse desde lo público y hay que habilitar la manera para que, desde lo público, se pueda hacer el pago».En este sentido, Peña recordó que el compromiso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es firme y lo ha dicho varias veces, la última esta misma semana. «La AP-1, la AP-7 (Alicante-Tarragona) y la AP-4 (Sevilla-Cádiz) van a ser gratuitas, la primera el 1 de diciembre de este año y las siguientes a partir del 31 de diciembre de 2019», manifestó.La socialista considera que el PP está causando confusión y añadió que en poco más de 15 días «estas tonterías caerán por su propio peso».El presidente provincial del Partido Popular, César Rico, tenía ayer muy claro que «nadie abre la puerta en un RealDecreto Ley sin salir o sin entrar por ella» y alertaba que esta es la antesala «de un nuevo engaño socialista que no es otro que cobrar peajes en la AP-1».A la vista del texto que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado viernes, para Rico está claro que hay algo detrás de haber usado por un lado la herramienta del Real Decreto Ley que lleva por título «medidas urgentes en materia de carreteras», en lugar de tramitar la reforma de una ley de carreteras en el Parlamento. Y, por ello, calificó de «fraude a los burgaleses» si sucede en algún momento que la AP-1 pase a manos de la empresa pública SEITTSA en aplicación del Decreto.El responsable del PP en la provincia incidió en el hecho de la urgencia del decreto se justifica en que la primera autopista en la que está prevista la liberalización es la AP-1 en poco más de quince días. Alegó que las otras carreteras en las que caduca la concesión, que son la AP-7 y la AP-4, no lo hará hasta diciembre de 2019. Con estas afirmaciones, aseguraba «que la urgencia de este decreto ley es la AP-1». Rico recordó que las prórrogas a la empresa concesionaria han venido autorizadas por gobiernos socialistas y alertaba de un «nuevo engaño». Por este motivo, exigía urgentemente explicaciones a los «flamantes» portavoces socialistas: Esther Peña, Luis Tudanca y Ander Gil, sobre si los planes son explotar la AP-1 a través de SEITTSA con peaje incluido.