El PP pedirá carrera profesional para 13.143 funcionarios

La Ley de Implantación y Desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de Castilla y León que plantea el PP podría beneficiar a 13.143 trabajadores en Burgos, según los datos que aportó el procurador del PP por Burgos Ángel Ibáñez durante la presentación de la proposición que llevará a las Cortes.

Se trata, en palabras de Ibáñez, de un «cambio revolucionario», una propuesta en la que también se incluirá al personal docente de la enseñanza concertada, otras de las novedades que plantea el texto elaborado por los ‘populares’. El procurador del PP recordó que este desarrollo de la carrera profesional solo se aplicaba en el ámbito sanitario, aunque lleva años parada. Con esta proposición, el PP pretende que «todos los empleados públicos puedan desarrollar una carrera profesional propia con cuatro categorías».

La proposición pretende que haya la posibilidad de subir de categoría «sin cambiar de puesto de trabajo». Para poder acceder a ese cambio de categoría, el empleado público debe tener «un mínimo de cinco años en la categoría inferior. Para que el empleado pueda acceder a la primera categoría deberá cumplir con una serie de requisitos como «una evaluación positiva de su trayectoria y de la calidad del trabajo realizado y se podrán incluir otros méritos».

En este sentido, el procurador del PP indicó que «no es un cheque en blanco», sino que «premiará a aquellos que realicen un desempeño adecuado de su labor», además de que «tendremos un personal más preparado». Esta propuesta de ley afectaría a todo el personal de la función pública, desde personal estatutario hasta los interinos, así como al personal fijo y al temporal. En el caso de Burgos, el desglose de los más de 13.000 empleados sería:4.077 empleados de enseñanza, a los que habría que sumar los 1.402 de la concertada, 5.038 del ámbito sanitario y 2.566 de otros servicios públicos.

Ibáñez explicó que otro de los «efectos positivos» de poner en marcha este marco legislativo sería la«reducción de la interinidad, así como la consolidación del empleo público». Serviría, añadió, para acabar con la incertidumbre «de miles de familias», ya que «muchas plazas ocupadas por interinos desde hace más de tres años».

El procurador del PP por Burgos y portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Alejandro Vázquez explicó que una de las primeras consecuencias que tendría la puesta en funcionamiento de esta norma sería«el desbloqueo de la carrera profesional en la atención directa» del ámbito sanitario, que lleva bloqueada desde el año 2012. Al aplicarse ya la carrera profesional en este sector, «sería la primera que accedería porque parte de una situación de ventaja».Del mismo modo,«se podrían pagar los atrasos de la atención continuada» a través de una partida de 17 millones de euros para «abonar una deuda histórica». El objetivo es que esta ley pueda estar durante el primer trimestre de 2019, después de «abrir un plaza de alegaciones y enmiendas por parte del resto de grupos». El coste económico de su aplicación rondaría los 75 millones de euros.