El Correo de Burgos

Huidobro afirma que actuó bien en las sedaciones y que contó con el consentimiento de las familias

El doctor Juan Antonio Huidobro acudía ayer a declarar en la primera jornada de la vista oral del ‘Caso de las Sedaciones’ / Se enfrenta a 26 meses de cárcel y 8 de inhabilitación / La Fiscalía pide indemnizaciones por valor de 123.000 euros

A la derecha, el doctor Huidobro, durante un momento de la vista oral.-ISRAEL L. MURILLO

A la derecha, el doctor Huidobro, durante un momento de la vista oral.-ISRAEL L. MURILLO

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V. MARTÍN
Burgos

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El exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Juan Antonio Huidobro, aseguró ayer que las sedaciones paliativas que suministró a dos pacientes, un hombre de 95 años y una mujer de 77, a finales de 2014 e inicios del 2015 fueron para «evitar su sufrimiento». Así lo explicó en su declaración recogida durante la primera sesión de la vista oral del denominado ‘Caso de las Sedaciones’, que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos y se desarrollará hasta el 14 de diciembre.El facultativo aseveró que «actuó bien» y que, en ambos casos, contó con el consentimiento de las familias para practicar las sedaciones paliativas. «El paciente tiene que morir con dignidad», sostuvo Huidobro, que se enfrenta a 26 meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por dos sedaciones supuestamente irregulares.La Fiscalía le acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y otro de lesiones por imprudencia grave profesional y solicita una indemnización de 108.000 euros para la familia de la mujer que falleció por la supuesta mala praxis y de 15.000 euros por el daño moral causado a la familia, en el caso del anciano que sobrevivió aunque acabó falleciendo «con un sufrimiento igual o mayor que el que tenía cuando se le dio el alta del hospital», en una residencia un mes después de recibir el alta, tal y como aseguró el acusado.El facultativo explicó que no solicitó la opinión de los pacientes a la hora de practicar la sedación ya que, a su juicio, «no se encontraban en situación de prestar consentimiento». En el caso de la mujer, se trataba de «una paciente polipatológica que había tenido 7 ingresos entre los años 2014 y 2015» y que la última ocasión ingresó en Medicina Interna aquejada de una pancreatitis aguda, «en situación agónica y con un gran descontrol del dolor».La paciente «se encontraba en estado de demencia» y diagnosticada de Parálisis Supranuclear Progresiva, lo que «le producía déficit frontales que implican alteraciones del comportamiento y trastornos, balbuceos y emisión de sonidos extraños». Motivos que alegó el doctor Huidobro para «plantear a la familia y no a la propia paciente la aplicación de la sedación paliativa».Según argumentó, aplicó la sedación, «con el consentimiento de cinco de sus hijos», frente a «un dolor refractario y a una enfermedad de elevadísima mortandad aplico la sedación paliativa como es la pancreatitis aguda» y con el objetivo de «proporcionarle algún confort que evitara sufrimiento». La mujer fallecía a finales del mes de septiembre, tras dos días de ingreso en el hospital.En el caso del anciano, el facultativo aseguró que cumplió con el Protocolo de Sedación, que el HUBU había puesto en marcha días antes, el 18 de diciembre, y que «el hombre tenía serias dificultades respiratorias (disnea), caquexia, déficit sensorial, estaba inmovilizado y era dependiente y tenía desorientación espacio- temporal».Además, el anciano «presentaba un proceso consultivo tumoral añadido a una infección respiratoria, presentando opacidad en el pulmón derecho por lo que se le aplicó una sedación paliativa frente a la disnea». Huidobro hizo hincapié en que «la sedación no se aplicó en la agonía sino frente a un sistema refractario (aquel que no puede ser controlado con los tratamientos disponibles) que es la agonía».Ante la pregunta de la acusación particular sobre por qué ni en el seguimiento practicado por enfermería ni en Urgencias se había apreciado dicha disnea, el facultativo apuntó que «solo puede ser detectada por un clínico y no por una enfermera, que auxilia pero no tiene capacidad clínica». Dada la situación, el doctor Huidobro asegura que se reunió en su despacho con el sobrino del paciente y la mujer de este para informarles de la situación de su familiar, momento en el que «les pedí consentimiento para aplicar la sedación» a lo que, asegura, respondieron «que no sufriera y que no se le practicaran más pruebas».Por la mañana se le practicó la sedación y esa misma tarde otros familiares solicitaron su reversión. Al revertirla, «no se apreciaba la disnea por la que se aplicó», tal y como asegura la acusación particular, un hecho que el doctor achaca al «funcionamiento de los antibióticos suministrados». El paciente recibió el alta con un diagnóstico de neumonía de hemitórax y un mes después fallecía en la residencia de ancianos en la que vivía en Canicosa de la Sierra, «con el mismo cuadro que en un mes antes» y «en un estado irreversible y terminal».Por otra parte y a tenor de las preguntas de la defensa y la Fiscalía sobre por qué no se puso por escrito que las familias habían dado el consentimiento para la sedación, el médico aseveró que «no existe protocolo o guía para la aplicación de la sedación paliativa que recoja que el consentimiento deba ser por escrito». Además añadió que «no conoce a ningún caso en el haya sido el paciente y no la familia quien haya dado su consentimiento para la sedación paliativa».A lo largo de las casi tres horas que duró la declaración, el facultativo se sometió a las preguntas del Ministerio Público, la acusación particular y la defensa. Fue precisamente el abogado defensor quien recalcó que, en ambos casos, las familias de los pacientes fallecidos interpusieron sendas denuncias después de ver publicado en prensa, en el mes de marzo de 2015, que la Fiscalía de Burgos había abierto un proceso de investigación para averiguar si podrían ser constituyentes de delito las sedaciones practicadas durante el último trimestre del año 2014 por parte del doctor Huidobro. Cabe señalar que en ese trimestre realizó 171, de las cuales se plantearon dudas sobre 21 y finalmente se está investigando dos de ellas.Por su parte el acusado, achaca esta situación a «una animadversión profesional previa» de un grupo de doctores del servicio que «fueron los encargados de llevar el asunto al Comité de Ética del Hospital Universitario de Burgos», según confirmó el propio Huidobro. El juicio continúa mañana y proseguirá los días 3,4 ,5 y 10, 13 y 14 de diciembre.

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