El fin del peaje refuerza el eje norte sobre el del Duero

BURGOS

El levantamiento de las barreras del peaje que se produjo nada más comenzar este primer día de diciembre supone el cumplimiento de un compromiso iniciado por el Gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente que ha hecho posible el gabinete del presidente socialista Pedro Sánchez, dos partidos que se han alternado en el Ejecutivo central y que son corresponsables tanto de la liberalización de la autopista como de las sucesivas ampliaciones del periodo de explotación, todas ellas aprobadas por los socialistas y no revertidas por los populares.

También son los partidos políticos que al frente de las instituciones que han sido incapaces de arbitrar alguna fórmula para el desvío forzoso de los camiones por la AP-1 para vaciar de tráfico pesado la Nacional-I en tanto se producía la liberalización. Una opción que se aprobó en noviembre de 2017 y que no se ha llegado a aplicar en ningún momento por la falta de acuerdo entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central.

Pero también son los partidos políticos responsables de que la esperada liberalización de la autopista AP-1 venga a agudizar el problema del desequilibrio territorial entre el norte y el sur de Castilla y León en materia de infraestructuras viarias y especialmente a la situación que viven Soria y Zamora por culpa de la demora en la ejecución de la autovía del Duero, la A-11.

El parón en esta infraestructura, que atraviesa cinco provincias de la región, se mantiene sin variación en un contexto de falta de presupuestos nacionales y regionales y de inestabilidad política que frenan una inversión que vendría a reequilibrar el mapa de carreteras de la Comunidad.

La libre circulación desde hoy por la autopista favorece el tráfico desde Francia al centro y al oeste de la región y de España y Portugal con Burgos como eje geográfico, provincia que podrá recuperar en parte su posición estratégica para conectar con el País Vasco y Cantabria si las rutas del transporte que se desplazaron hacia la autovía A-67 hasta Torrelavega regresan al camino más corto.

Al igual que ocurre con el parón en la autovía del Duero, la prolongación del eje León-Burgos -por la A-231- hasta Logroño y de ahí a Aragón está en suspenso por la paralización de las obras de la autovía A-12, que comenzó con leves movimientos de tierras en las afueras de la capital burgalesa antes de verse frenada por la falta de impulso político. Las urgencias que ahora plantea la liberalización de la AP-1 no parece que vayan a beneficiar a la agilización de la A-11 y la A-12

Tercer carril

El Ministerio de Fomento espera un aumento de 7.000 vehículos cada día una vez que los peajes se han levantado para no bajar más, lo que podría elevar hasta los 30.000 vehículos la intensidad media diaria de la autopista AP-1. Ante esa situación, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha sido la última voz en reclamar la construcción de un tercer carril en la autopista, una opción que se ha venido barajando intermitentemente y que actualmente está en estudio por parte del Ministerio. De hecho, no se ha descartado la posibilidad de que ese tercer carril se construya mediante el método de la concesión de obra pública y pago de un peaje en sombra por parte del Estado a la empresa adjudicataria, como se hizo con la remodelación de la A-1 entre Santo Tomé del Puerto y Burgos.

¿Y ahora qué?

La liberalización de la autopista se produce con incógnitas pese a que era sabida y cierta desde hace muchos meses cuando el ministro Íñigo de la Serna confirmó que con el fin del periodo de concesión decaería la explotación privada de esa autopista, que revertiría al Estado. La delegada del Gobierno en Castilla y León explicó ayer que será la Dirección General de Carreteras la que se haga cargo de la titularidad de la carretera y, por tanto, de su mantenimiento. Sin embargo, la contratación con la empresa Itinere de la conservación y la vialidad invernal y la consecuente subrogación de 62 empleados de la AP-1 está comprometida pero no se ha firmado aún un acuerdo con esos trabajadores, según explicó a este periódico el presidente del comité de empresa. Ese acuerdo tiene un periodo de seis meses, más allá del cual está pendiente conocer qué medios se harán cargo de la tarea.

También esta pendiente de resolución la concesión de las áreas de servicio, que han salido a concurso y cuyos responsables han declinado valorar el procedimiento.