El Correo de Burgos

INFRAESTRUCTURAS / EL DÍA DESPUÉS

Más seguridad para la A-1 ante el aumento previsto del tráfico

Barcones zanja la polémica sobre un futuro peaje al afirmar que la A-1 será gestionada por Carreteras y no por SEITTSA

Virginia Barcones y Pedro de la Fuente, ayer, antes de la rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno.-SANTI OTERO

Virginia Barcones y Pedro de la Fuente, ayer, antes de la rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno.-SANTI OTERO

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N. E.
Burgos

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Agentes de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, así como de la Policía Nacional forman el dispositivo que la Delegación del Gobierno de Castilla y León ha previsto para vigilar a partir de la medianoche de ayer la carretera A-1 entre Castañares y Armiñón.Así lo explicó ayer la delegada, Virginia Barcones, antes de iniciar una Junta de Seguridad en la Subdelegación de Burgos para analizar las consecuencias de la liberalización de la autopista. En concreto, señaló que habrá once patrullas con dos agentes de tráfico, 15 agentes de Seguridad Ciudadana y cuatro patrullas del Cuerpo Nacional de Policía que estarán atentos a la evolución del tráfico en distintos puntos de la vía, al paso por las cabinas de peaje, que no se eliminarán hasta dentro de varias semanas, y vigilarán las posibles retenciones para tomar medidas en cada momento.Los puntos más sensibles y donde habrá más agentes son las playas de peaje dado que no que hay que parar, pero sí que es obligatorio rebajar la velocidad a 20 kilómetros hora.Barcones recordó que este momento es histórico dado que es la primera autopista liberalizada en España al revertir al Estado, en concreto será gestionada por la Dirección General de Carreteras. «Este Gobierno se comprometió a que las autopistas cuyas concesiones caducaran durante este mandato no serían prorrogadas ni se volverían a licitar y por primera vez un Gobierno levanta los peajes», manifestó la delegada del Gobierno en Castilla y León, que recordó que el tramo completo tenía un coste de 12,25 euros por trayecto, entre Castañares y Armiñón (Álava).Las previsiones que maneja el Gobierno pasan por un aumento en el tráfico en la nueva autovía que podría oscilar entre un 35 y un 50% más que lo que soportó durante 2017 con un volumen medio diario de 20.000 vehículos. De esta manera, se prevé un traslado de vehículos de la N-I a la A-1 de unos 7.000 vehículos de media diarios, muchos de ellos camiones. Según los datos que maneja la delegada, será el tramo entre Burgos y Pancorbo en el que se incremente más la circulación. «Vamos a trabajar con la perspectiva de que los 10.000 vehículos de media al día que hasta ahora transitaban por la N-I van a preferir la A-1», aseguró, a la vez que recordó que también habrá la presencia habitual de agentes en la carretera nacional.FIN DEL DEBATE

Barcones, aseguró que el hecho de que el nuevo tramo de la autovía A-1, hasta ayer AP-1, pase a gestionarse directamente por la Dirección General de Carreteras del Estado despeja cualquier duda sobre la posibilidad de un peaje futuro. Así, insistió que para que se pudiera cobrarse de acuerdo al Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Carreteras, aprobado en fechas recientes y publicado en el BOE, la A-1 debería pasar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA). Manifestó que, en cualquier caso, se abrirá un debate en el seno de la Subcomisión en el Congreso de los Diputados donde se va a analizar como financiar y gestionar las vías de altas capacidad en el conjunto del Estado.Por otro lado, recordó que está en trámites de licitación la supresión de las infraestructuras dedicadas al cobro del peaje, el derribo de las isletas, así como concretar más allá de los primeros seis meses las cuestiones de conservación y mantenimiento de la vía. «Todo esto se va a ir completando en el tiempo una vez que administrativamente pueda salir adelante», precisó.

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