Consenso general para reclamar el cese de la gerente de Primaria

Una representación de facultativos de Atención Primaria de Burgos registrará hoy en la Gerencia de Área un documento en el que exigen el cese inmediato de la máxima responsable de este ámbito asistencial en la provincia, Aser Morato, y su equipo.

Este nuevo paso, dirigido a romper la «inacción» que profesionales y usuarios de los centros de salud llevan tiempo denunciando, cuenta con el respaldo expreso de una aplastante mayoría -se estima que superior al 70%- de los médicos urbanos y rurales afectados por la situación continuada de «sobrecarga» que explotaba en el inicio de 2019 con la dimisión de tres galenas de Los Cubos.

La imposición de la jornada complementaria se revelaba la gota que colmó el vaso de Pilar Obregón, Nuria Adrián y Sonia Andrés y, de paso, el detonante de un clamor que daba lugar a la recogida de firmas que hoy se depositarán en las dependencias de Sacyl de la avenida Reyes Católicos.

Este gesto tiene además el apoyo firme y público del Colegio de Médicos de Burgos -que ha tratado sin éxito hasta la fecha de mediar entre profesionales y Administración para buscar una solución-, la Junta de Personal, plataformas por la sanidad y grupos ciudadanos. Todos estos colectivos han cuestionado en reiteradas ocasiones a la gerente de Primaria.De poco han servido las reuniones mantenidas la pasada semana con los representantes de la Junta en esta materia para apaciguar los ánimos. Ni siquiera la asistencia del propio responsable de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, al Consejo de Gestión de Primaria del Área de Burgos tuvo efecto alguno. Es más, contribuía de hecho a aumentar la «decepción» de los coordinadores de los centros de salud que salían de aquel encuentro con una promesa de crear «un grupo de trabajo a 4 años vista» que no les convencía.

Tampoco la reciente Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en la que Sáez exigía a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ampliar la oferta MIR, ha servido para contener unas protestas que, a buen seguro, cristalizarán mañana en la manifestación que recorrerá el centro de Valladolid.

Y mientras el malestar crece y sale a las calles, los sindicatos comienzan a denunciar en los tribunales las prácticas de la Administración. En concreto, han recurrido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para denunciar la «amortización encubierta» de plazas rurales.«Los puestos vacantes por jubilación no siempre se han convocado. Sin embargo, tampoco que suprimían. En lugar de eso se optaba por lo que la Administración llama una atribución temporal de funciones que implica que, en teoría de manera puntual, la labor que hasta ese momento asumía el médico que ocupaba la plaza en cuestión se reparta entre el resto de facultativos de la zona. En un primer momento el plan era reubicar las plazas en otros puntos con mayor carga de trabajo pero lo temporal ha pasado a convertirse en indefinido», explica el presidente de la Junta de Personal, Pablo Oyágüez.

Lamenta que en los últimos casos, registrados desde mayo de 2018 hasta la actualidad y que afectan a Briviesca, Salas de los Infantes, Sedano y Pradoluengo, «ni siquiera han cumplido los requisitos formales y han obviado su deber de informarnos con anterioridad de este movimiento». Todos se recurrían frente a la Administración que ya en uno de ellos, el de Briviesca, lo desestimaba, de ahí que la representación sindical de los profesionales haya optado por la vía judicial.

«Estamos convencidos de que nuestra denuncia está fundamentada, pues tanto en la forma como en el fondo se está produciendo un abuso de una norma pensada para situaciones excepcionales», subraya Oyágüez.

Tal situación se incluye en el listado de reivindicaciones que la semana pasada la Junta de Personal hacía llegar a Sáez en su visita a Burgos. Aún esperan la comprometida respuesta por escrito a unas exigencias «que conocen y han ignorado estos tres últimos años».