El cambio en las subvenciones pone en riesgo 12 fiestas de barrio

La organización de las fiestas de los barrios sigue en una deriva donde el acuerdo brilla por su ausencia. De un lado, el Ayuntamiento que da por sentadas las bases de convocatoria de subvenciones de pública concurrencia para la organización de los festejos. Ésta «están ya aprobadas desde enero» y por ello el escrito de alegaciones presentado y firmado por unas 30 agrupaciones de barrio que realizan estos trabajos no se tiene como tal. Según el concejal adscrito y candidato a la alcaldía de Podemos, Raúl Salinero, «no les van a contestar, no es un tema que estuviera en el orden del día del IMC; lo hemos preguntado pero se nos ha dicho que habrá silencio administrativo lo que demuestra el poco talante del equipo de gobierno y la incertidumbre de las asociaciones».

Por otro lado, el concejal de Festejos, José Antonio Antón, reconoce que «las bases ya están aprobadas, se han presentado una treintena, dos barrios menos que el año pasado, y 12 presentan deficiencias de las que la ley les da diez días para subsanar». Esas deficiencias tienen que ver con que estas organizaciones ni han solicitado la ocupación de suelo público, ni se reconocen como organizadores a título personal de la actividad que les obliga a ser responsables de la contratación y ejecución del Plan de Emergencias y de lo que suceda en la zona.

«No responder a las alegaciones que los barrios hemos presentado es una falta de respeto para los vecinos que no podemos asumir, porque no tenemos ni la preparación ni la capacidad de ejercer esa responsabilidad», señala el presidente de la Asociación de Vecinos de Villafría, Adolfo Díez.

Los vecinos se quejan que hay fiestas que ya se han organizado en base a las reglas de 2018 donde la figura de organizador era del Ayuntamiento mientras que las asociaciones de vecinos eran colaboradores y voluntarios. Todo eso ha cambiado en las nuevas bases «de un día para otro y sin responder a los requerimientos que desde el Distrito Periférico habías realizado sobre la ejecución de los planes de emergencias tras el asunto de la sardina», reconoce Díez.

Para el concejal Antón «se exige lo mismo que a otras entidades que realizan actividades deportivas, culturales, comerciales o solidarias en el espacio público». Pero los vecinos consideran que no se pueden equiparar. «Los eventos de los que estamos hablando no son propuestos por las asociaciones, son fiestas tradicionales de los barrios y, por tanto, de la ciudad», explica Díez. Sobre porqué hay asociaciones que han firmado las alegaciones pero al mismo tiempo han concurrido cumpliendo todos los anexos entiende que «hay asociaciones que han celebrado ya sus fiestas y tienen pagos que hacer, otros ya tienen todo comprometido porque no se nos avisó de nada sobre esta situación y claro hay miedo a perder la subvención cuando lo tienes comprometido».

Para el concejal de Festejos «es lo que podemos hacer, con los medios que tenemos, no podemos hacerlo de otra manera este año, en el futuro no se descarta ver otra». A este respecto, Salinero destacó ayer en rueda de prensa que el año pasado se contrató, a través de los planes de empleo, a un ingeniero que realizaba los planes de emergencias en el IMC: Este año «iban a contratar a tres personas, uno de ellos era para el IMC pero ha sido decisión del alcalde que realice otras tareas dejando esta responsabilidad a las asociaciones», explica. Añade, además, que los dos técnicos de Festejos están de baja y sólo se ha sustituido a uno de ellos.

Movilizaciones

«Aún estamos esperando una explicación». Las asociaciones vecinales esperan una resolución a su escrito para decidir qué hacer. «Nadie nos ha respondido ni a las alegaciones ni a la petición de subvención de quienes no hemos firmado los anexos, cuando se nos conteste por escrito veremos que pasos dar», explica Alfonso Díez. Entre los representantes no se descartan movilizaciones. «Se ha hablado de colocar carteles informativos para aclarar que no somos las asociaciones las que no organizamos las fiestas, es que con las condiciones que nos exigen no podemos hacerlo e incluso movilizaciones pero aún tenemos que decidir», sentencia.

Todo arrancó con el entierro de la sardina de hace dos años. Con el siniestro surgieron dudas y «se pidió cuantificar y aclarar lo que suponía la ejecución del plan de emergencias y un año después no se ha contestado, sino que se publicaron las nuevas bases», explican. Después se deniega la limpieza al G-9, después es la solicitud del enganche de luz, la ocupación de suelo «donde te piden el número de cuenta que antes no se pedía» y los requisitos de ser organizador y responsable y elaborar el plan de emergencia y velar por que se cumple. Para José Antonio Antón la situación sobrevenida es «cumplir la ley, no se puede hacer de otra manera» y además explica que «queremos empoderar a las asociaciones porque el Ayuntamiento no se desentiende, al ocuparse el suelo público la administración es consciente y sabe qué se va a hacer y, si está todo según la ley, hay un seguro de responsabilidad civil que responde».