La escasez de medios alarga un proceso de divorcio casi dos años

Los procesos de separación y divorcio son siempre traumáticos, y cuando entran en el juzgado la agonía se alarga en exceso. Aeso contribuyen la falta de medios y que no haya una «verdadera jurisdicción de Familia». Así lo pone de manifiesto el abogado Fernando Hernández Espino, con muchos años de experiencia en la materia y miembro de la junta directiva de la Aeafa (Asociación Española de Abogados de Familia).

Esta asociación ha presentado recientemente el I Observatorio del Derecho de Familia, que cuenta con las aportaciones de sus de 2.000 asociados. En el caso de Burgos, recuerda Hernández Espino, un divorcio consensuado sin hijos puede durar entre uno y tres meses -la media nacional es de un mínimo de seis-, mientras que si se trata de un divorcio contencioso puede demorarse entre seis y ocho meses. Si hay apelaciones, hay que sumar cuatro o cinco meses. Pero estos datos se refieren al juzgado de Familia, del que solo hay uno en la capital. En el resto de partidos judiciales de la provincia «aumenta todo bastante más» al ser juzgados mixtos.

En estas demoras una parte importante es que solo hay un equipo psicosocial para hacer los informes relacionados con este tipo de procedimientos en la provincia, lo que hace que un informe de este tipo pueda tardar nueve meses.«No pueden tardar menos porque no hay. Aquí hay uno y puede estar trabajando para los juzgados de Miranda, Villarcayo,... y no puede ser», apunta Hernández Espino. Esto también afecta a las medidas provisionales que se adoptan una vez que ha comenzado el proceso de separación. Medidas que pueden durar entre tres y cuatro meses. «El juzgado está cogiendo la costumbre, porque no da abasto, de señalar las medidas provisionales el mismo día de la vista del pleito principal para que se haga todo a la vez», apunta.

Otros problemas que destaca este abogado están relacionados con las «ejecuciones de sentencia», que regulan las obligaciones de las partes o con quien dejar a los menores, ya que «se normativa para las ejecuciones en general». O el cambio normativo sobre la competencia en la modificación de medidas. «Hasta hace poco iba relacionado con el domicilio del menor. Ahora, la competencia tiene que ser el mismo juzgado que dictó la sentencia de divorcio o de separación», destaca. Esto supone un problema añadido para parejas que hayan cambiado de ciudad tras la separación porque tendrán que desplazarse desde su nuevo lugar de residencia.

Por todo ello, la asociación de la que forma parte este abogado reclama una«verdadera jurisdicción de Familia». Entre otras cuestiones también porque «el actual sistema por el que se regula el derecho de Familia no cumple con el principio de igualdad ante la ley», al no ser lo mismo que el caso esté en manos de un juzgado especializado que en uno mixto. Con una jurisdicción propia habría «jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia especializados».

Sobre la creación de un segundo juzgado, Hernández Espino cree que es un arreglo a medias. «Evidentemente, un segundo Juzgado de Familia, para los pleitos de Burgos, solucionaría los problemas».Pero «los del resto seguirían igual».