Justicia promete solo 2 de los 6 juzgados que el TSJ ve urgentes

La desatención por parte del Ministerio de Justicia de las reclamaciones, año tras año, de más órganos judiciales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se ha convertido en una costumbre, como ayer volvió a poner de manifiesto el presidente del Alto Tribunal de la Comunidad, José Luis Concepción.

El TSJCyL ha planteado la necesidad de crear seis órganos judiciales, distribuidos de la siguiente manera:Un juzgado de loPenal en Segovia;dos juzgados de lo Social (Valladolid y León); dos juzgados de Familia (Burgos y Salamanca, y un juzgado de Instrucción en Palencia. A ello se unen tres plazas de magistrado en las audiencias provinciales de Ávila, Salamanca y León. La respuesta que ha dado el Ministerio de Justicia es que «se nos han prometido solamente dos nuevos órganos judiciales», en concreto el Juzgado de lo Penal nº 2 de Segovia y el Juzgado de lo Social nº 5 de Valladolid, así como una plaza de magistrado en la Audiencia de Salamanca. De las 78 plazas que se judiciales que se crearán en toda España, sólo tres serán en Castilla y León, «muy poca cosa para paliar para paliar nuestras necesidades».

Estas peticiones se plantean después de un año 2018 en blanco en cuanto a la creación de nuevos juzgados y de que Justicia atendiera de «manera muy poco significativa» las peticiones para el año 2017. Esto hizo que ese año sólo se crearan cuatro órganos judiciales en Ávila,León, Medina del Campo (Valladolid) y Burgos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Ávila, que era «una necesidad estructural desde el año 2005» y donde «venía funcionando un juzgado bis que reforzaba a los cuatro existentes». El Juzgado de Primera Instancia nº 11 de León se ha convertido en el Juzgado 2 de Familia y en Medina de Campo se ha creado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3. Llama la atención el caso ya comentado del nuevo Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Burgos, órgano judicial que «no había sido solicitado desde este tribunal y cuya realidad no era, ni mucho menos, imprescindible».

Esto se traduce en la prolongación de una política de «parcheo» en los juzgados que estaba pensada para adoptar medidas coyunturales.Concepción señaló que «tenemos el territorio absolutamente minado de refuerzos que parecen coyunturales cuando están respondiendo a necesidades estructurales».

MEDIOS MATERIALES

Los refuerzos están desplegados por las nueva provincias.En total son 22 jueces y magistrados para «las necesidades más perentorias», que en la actualidad son los juzgados de cláusulas, «aunque estás son más coyunturales que espero que concluya», así como los de Familia, que «son los más necesitados de todo el territorio».Relacionado con los medios materiales, el presidente del Alto Tribunal de la Comunidad también hizo referencia a las carencias de medios materiales. En concreto de las sedes judiciales de Valladolid y Segovia. insistió ayer en que la Ciudad de la Justicia de Valladolid está parada por «una decisión caprichosa» del Ayuntamiento de Valladolid. Concepción señaló la pasada semana que este proyecto no está en marcha por una decisión «unilateral» del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Ayer hizo una mención directa a este proyecto «sin que se tome esto como una crítica política, sino simplemente como una denuncia de la realidad».Volvió a recordar que hace cuatro años se iba construir un proyecto adjudicado que «hoy hubiera sido una realidad».Pero por «una decisión caprichosa del Ayuntamiento esta obra no comenzó».

Por eso pidió al Ayuntamiento de Valladolid que «explique qué es lo que ha sucedido con este proyecto frustrado». El presidente del Alto Tribunal de la Comunidad también se refirió al edificio judicial de Segovia, que «lleva siendo una promesa desde 2006 y en 2019 todavía no es una realidad». Un «cúmulo de disfunciones» ha hecho que tres años después de comenzar la obra «siga paralizada».

MÁS ASUNTOS

La memoria del TSJCyL refleja un ligero incremento de los asuntos ingresados en los juzgados de Castilla y León, al pasar de los 270.167 del año 2017 a los 275.990 del pasado año.El mayor crecimiento de la litigiosidad se ha experimentado en la jurisdicción Ciivl y en la Contencioso-Administrativo, con un incremento de 6.077 y 1.260 asuntos, respectivamente. En el caso de lo Social el aumento es casi«imperceptible», mientras que en el orden Penal bajaron de los 135.853 a los 134.212 asuntos, siguiendo con la línea descendente que marcó la entrada en funcionamiento de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que evita remitir a los juzgados los atestados de delitos sin autor conocido. También han crecido los asuntos en trámite, casi 6.000 más que el año 2017. Lo que no quiere decir, segúnConcepción, que «se haya trabajado ni resuelto menos» por parte de los jueces de laComunidad. De hecho, se han resuelto 5.540 asuntos más que en 2017, concretamente, 264.634. El pasado año se dictaron 76.178 sentencia, 4.018 más que año anterior.