La Junta no impondrá otro techo de gasto pese a la deuda de los Consorcios
Lacalle apunta que la Junta determina que «hemos cumplido», pero reconoce que la calificación de sector público de los consorcios y su gran deuda «nos condiciona pedir nuevos préstamos»
El alcalde y el concejal de Hacienda caminan por un pasillo de la Casa Consistorial.-RAÚL OCHOA
Burgos
La tutela de la Consejería de Hacienda sobre las cuentas del Ayuntamiento ha tocado a su fin. Al menos así lo comunicaba, de manera contundente, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. El primer edil, que modificaba su agenda en la tarde del jueves cuando su portavoz, Carolina Blasco, hablaba de las negociaciones para cerrar el Plan Económico Financiero, anunciaba que la Junta de Castilla y León certificaba que «el Ayuntamiento de Burgos ha cumplido con el Plan Económico Financiero 2017-2018» lo que trae como «consecuencia directa» que la Junta de Castilla y León no impondrá más controles.
«El Ayuntamiento no tendrá ningún otro plan económico financiero, lo puedo decir más alto, pero no más claro y especialmente por algunas dudas que han trasladado algunos corporativos y corporativas», sentenció.Tanto Gloria Bañeres (Ciudadanos) como Antonio Fernández Santos (PSOE) han alertado durante los últimos meses de cómo puede afectar a las cuentas del Consistorio asumir la deuda sostenible del Consorcio de la Variante Ferroviaria (166 millones de euros de los que 48 se abonan a los bancos con 3,6 millones de euros al año durante 15 ejercicios, y 102 que en caso de no amortizarse con ventas de suelo se imputan al ayuntamiento) y del Consorcio de Villalonquéjar (109 millones de euros de los que 28 se han financiado a 15 años con 2,8 millones anuales y otros 98,5 millones de deuda sostenible que de no pagarse con ventas de suelo pasarían al debe del Consistorio).La deuda viva del Ayuntamiento asciende a 37,5 millones pero la denominación, por pate del Gobierno Central, de estos consorcios como sector público planea una sombra real, ya cuantificada por el servicio de intervención, de 287 millones de euros lo que supone un endeudamiento del 150,5%. En esta situación, alegaban los dos ediles, podría abocar a un Plan Económico Financiero.Una cuestión que descartaba ayer, de forma rotunda, el alcalde de Burgos.
Eso sí, reconoció que esta situación «nos condiciona a pedir nuevos préstamos». Algo que no preocupa a Javier Lacalle quien asegura que «si no los he pedido en los ocho años que llevo de alcalde, ni cuando lo pasamos tan mal, no lo vamos a hacer ahora que hay remanentes». Los números de Lacalle reflejan que «la deuda directa del ayuntamiento en 2011 era de 211 millones de euros y ha terminado el año pasado en 37 millones». Unas cantidades que, insistió, «quedarán a cero en 2020».Cree, además, que «los consorcios podrán salir el próximo año de esa calificación porque sus ventas son positivas y estaríamos ya en el tercer año con ventas positivas si siguen al mismo ritmo que lo han hecho en 2017 y 2018 y eso determinará que deje de estar calificado como sector público».Hasta que no lo vea…
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, afirmó desconocer «si ha habido resolución de la Junta y si dice que no hay que entrar me callaré pero, hasta que no vea la resolución por escrito no me fío». Sentencia que el Plan Económico Financiero «lo que nos limita es el endeudamiento» con lo que entiende que ese incapacidad de solicitar préstamos «puede ser una consecuencia del plan».No niega esa resolución de la Junta pero pone en cuestión que la Administración regional, del mismo color político que el Gobierno municipal, plantee esta situación. «¿Van a decir que la situación es de intervención en víspera de elecciones?» se pregunta Bañeres. Así cree que la opción puede haber sido «suavizar la situación y dejarlo para después de las elecciones». Concluye que «si es así lo veremos en dos meses».