El Pleno aprueba la incorporación de 24,7 millones de euros al presupuesto municipal

El Pleno municipal aprobó ayer la incorporación de 24,7 millones de euros al Presupuesto, provenientes del remanente de Tesorería, que tras el cierre de las cuentas de 2018 ascendía a 46 millones de euros. La incorporación de esta cuantía se produce da través de cinco modificados presupuestarios que no estuvieron exentos de discusión entre los grupos municipales y de votaciones dispares.Uno de los modificados clave es el correspondiente a la incorporación de 3,5 millones de euros destinados a los diferentes convenios firmados con entidades sociales, asociaciones y entidades deportivas. Convenios que no se prorrogan de forma automática de un año para otro. En esta modificación se incluyó además la aportación de 450.000 euros para la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos y un incremento de 200.000 euros en el contrato de patrocinio del San Pablo Burgos.El grupo municipal de Ciudadanos mostraba su disconformidad con algunas de las partidas de este modificado absteniéndose en la votación. Entre ellas, la correspondiente a la subvenciones que salen directamente de Alcaldía, que ascienden a 82.000 euros, o la partida de 215.000 euros destinada a la Escuela de Relaciones Laborales.La modificación más cuantiosa, de 17,4 millones de euros, corresponde a proyectos comprometidos en 2018 que se prorrogan de forma automática. De ellos, 4,8 millones se destinan a gasto corriente y servicios; 12,6 millones de euros a inversiones reales que vienen de proyectos desarrollados en el años anterior; 4.106 euros a transferencias corrientes y 5.405 para transferencias de capital.Otra de las modificaciones, cuantificada en 989.600 euros más IVA, corresponde al anticipo de dicha cantidad por parte del Ayuntamiento para la creación de una subestación el eléctrica en el Polígono Industrial de Villalonquéjar. La modificación recibió el voto negativo de Imagina Burgos, una actitud afeada por socialistas y populares. «Esta estación es necesaria para seguir albergando empresas en el polígono y no hay mayor política social que la creación de empleo», apuntó el primer edil, Javier Lacalle.A ella se suma una cuarta modificación, que permitirá incorporar 684.688 euros al Instituto Municipal de Cultura y Turismo. La modificación se aprobaba con la abstención de Imagina y de los ediles no adscritos Salinero, Manjón y Guinea. Precisamente Blanca Guinea aseguraba que la gestión cultural de los populares «está siendo un lastre para creadores de la ciudad». Por su parte, la edil socialista, Nuria Barrio, lamentaba que el modificado acoja una subvención de 5.000 euros para realizar planes de emergencias mientras «se le está negando a los barrios para el desarrollo de sus fiestas».La quinta modificación, dotada con 2 millones de euros, se destinara al abono de facturas pendientes de pago de la famosa Cuenta 413. Este «cajón de sastre», tal y como lo calificó la portavoz de Imagina, Eva de Ara, alberga actualmente facturas por valor de 7 millones de euros, algunas pendientes de pago «desde los años 2006 y 2007».Facturas, algunas de ellas «de dudosa procedencia o sobre las que no estamos de acuerdo en aprobar», comentó el socialista,Antonio Fernández Santos, quien justificó el voto favorable de su grupo en «la necesidad de pagar a proveedores y empresas de la ciudad por sus servicios».«Un alcalde no miente»De forma previa a la votación de las modificación, la Corporación municipal daba cuenta de la liquidación del presupuesto de 2018. Una capítulo que, como era de esperar, no estuvo exento de polémica y críticas cruzadas entre el equipo de Gobierno y la oposición. Fernández Santos criticaba a los populares que las cuentas «son fruto de la inercia, aquí no hay acción política» y reprochaba al alcalde del Burgos que esté «esperando a ser senador como el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, quieren huir a toda prisa del Ayuntamiento».Precisamente sobre las gestión de las cuentas, el socialista recordaba que si el Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio 2018 con un superávit de 32 millones de euros, es porque «el presupuesto se ejecutó solo al 90% y eso significa que «se han dejado de hacer cosas».La mayor polémica volvió a suscitarla la deuda de la Administración municipal, que el informe de Intervención cifra en 287 millones de euros- ya que la deuda de los consorcios a día de hoy corresponde al Consistorio- y no de 37 millones como ha venido afirmando el primer edil. «No se puede engañar a la ciudadanía», criticó Santos, a lo que el propio Lacalle contestó que «un alcalde nunca miente».Por su parte, De Foronda aseguraba sobre la deuda de los consorcios que «el objetivo es conseguir otra calificación para que su deuda no se atribuya al Ayuntamiento, actulmente solo nos impide pedir crédito». La portavoz de Cs, Gloria Bañeres, recordó que «el nivel de endeudamiento del Consistorio supera el 150%» y eso «nos llevará a un nuevo Plan Económico Financiero».