«Para evitar la corrupción hace falta personal preparado para aplicar la ley»

BURGOS

Este burgalés del 78, licenciado en Derecho por la UBU -donde ahora sigue aprendiendo como docente- habla con inusitada sencillez y pasión de la contratación pública, un ámbito espinoso para los legos. Además de cumplir con celo cada norma que le ha tocado aplicar en quince años como técnico superior de Administración General del Ayuntamiento de Burgos, del que es responsable de la sección de Hacienda y Contratación, es tal su «vocación de servicio» que José Manuel Cantera Cuartango decidía plasmar en negro sobre blanco sus aprendizajes cotidianos, «en muchas ocasiones a costa de tropiezos», con una meta: «Que nadie se estrelle donde yo me estrellé». Porque eso son sus libros, una suerte de «catecismos» con los que a través del «método socrático» busca aclarar las sombras de la normativa que condiciona su labor diaria. He ahí el fin último del tercer título hasta la fecha, la segunda edición del Vademécum de contratación pública, en el que desgrana en 1.400 preguntas y respuestas esenciales el contenido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su desarrollo.Pregunta.- ¿Cómo surge la idea de escribir y a quién se dirigen sus libros?

Respuesta.- Hace una década empecé a publicar artículos en revistas jurídicas. Llegó un momento en el que una editorial me planteó la posibilidad de escribir un libro sobre contratación. Me dejaron libertad para elegir el modelo y hace cinco años me lancé a la piscina y publiqué el primero con el objetivo de extractar y compartir lo que desde un punto de vista práctico me ha sucedido cuando he tenido que aplicar leyes desde el año 2000, con los cambios en 2007, 2011 y ahora en 2017.P.- En esa actualización se detiene precisamente su última publicación. La anterior -relativa a la norma de 2011- reunía 1.001 preguntas y ahora suma 1.400, ni más ni menos. ¿Qué una ley propicie tantas cuestiones a aclarar no significa que es demasiado compleja?

R.- Es efectivamente una de las sombras de una ley con 400 artículos, el nivel del complejidad ha aumentado muchísimo y eso, que buscar ser una garantía, genera al mismo tiempo inseguridad jurídica en licitadores y en la administración que tiene que aplicarla.P.-¿Después de responder 1.400 preguntas tiene la sensación de haberse dejado alguna en el tintero?

R.- Sí. La vida de los contratos públicos es muy dinámica en realidad. Llevo quince años en esto y todos los días veo situaciones nuevas.P.- Esa afirmación sorprende a los profanos que desde lejos lo vemos como un mundo monótono.

R.- Pero no es así. La gestión de fondos públicos es una realidad muy viva a la que de hecho con esta nueva ley cual quiera puede asomarse. Una de las novedades positivas es que se han potenciado los instrumentos de transparencia y publicidad, para que los procedimientos sean abiertos. Esta mejora al mismo tiempo favorece que los licitadores pongan en tela de juicio la actuación de la administración, por esa posibilidad precisamente de interpretar la ley de distintas formas.P.- Hace ya un año que entró en vigor la ley que desmenuza en el libro. ¿Qué balance inicial puede hacerse desde tu perspectiva ‘a pie de obra’?

R.- Positivo porque define el camino de la contratación pública, si bien también tiene sus aspectos negativos. Uno de ellos es precisamente su complejidad y dificultad en algunos supuestos. Y además tal y como está planteada la ley surge la necesidad de que existan profesionales preparados y suficientes para trabajar con ella. Sin embargo, la limitación en la tasa de reposición de los últimos años ha dejado las plantillas bajo mínimos y obliga a que una misma persona acumule funciones, algo que la ley paradójicamente no permite.P.- ¿Qué efectos más relevantes tiene la falta de profesionales suficientes en este ámbito?

R.- Uno de los cuatro pilares de la nueva ley de Contratos del Sector Público es la lucha contra los conflictos de interés, la corrupción y el fraude. La propia norma trata de poner los medios para evitar esas situaciones pero, claro, para el correcto uso de estas herramientas hace falta personal preparado, cuya carencia es especialmente acusada en administraciones locales y en los ayuntamientos más pequeños.P.- El segundo gran pilar es la implantación de la licitación electrónica.

R.- Es un avance importante. En la vida de un contrato hay distintas fases: preparación, licitación, adjudicación y ejecución. La ley exige que se licite electrónicamente. Lo bueno es que, además de obligar, el Estado ha facilitado a todas las administraciones una plataforma gratuita a la que estas pueden adherirse.P.- Prosigamos. ¿Cuál es el tercer pilar?

R.- Favorecer el acceso de pequeños y medianos empresarios mediante la ‘lotificación’, es decir, la fragmentación de los grandes contratos antes solo al alcance de grandes compañías. Esta fórmula se establece como principio general y así las pymes pueden optar pues sí tienen solvencia y capacidad financiera y técnica para ello.P.- El cuarto gran cambio es la inclusión de criterios sociales y medioambientales.

R.- Sí, y va más allá de añadir clausulas específicas. Esta ley tiene como finalidad una contratación estratégica, es decir, no como mero instrumento para prestar servicios, ejecutar obras o proveer de suministros, sino como una herramienta para el desarrollo de políticas públicas. En este sentido, exige planificar a largo plazo el impacto que se busca en la sociedad con esos contratos y con los citados criterios añadidos.P.- ¿Ve factible alcanzar todos los objetivos marcados?

R.-Sí, aunque el asentamiento de estas normas, y más cuando son tan complejas, requiere tiempo. Quizá lo más complicado sea la planificación estratégica, el diseño a largo plazo de estas decisiones.P.- Desde fuera se da por hecho que existe gran injerencia política en los procesos administrativos...

R.- La ley de contratos, por ejemplo, establece una serie de pasos y procedimientos a los que estamos sometidos y precisamente los servicios económicos y jurídicos lo que hacen es velar por que las decisiones, sean de quien sean, cumplan la normativa.P.- Esos recelos, no obstante, se alimentan del goteo de casos de corrupción conocidos en los últimos años. ¿Antes había menos vigilancia?

R.- Es verdad que los procesos estaban menos regulados. De hecho, por eso la ley actual es tan compleja, para evitar abusos como los que hayan podido cometerse en el pasado.P.- Como buen conocedor de la norma, ¿ha hallado algún ‘agujero negro’?

R.- Pues así, de entrada, en el ámbito de la contratación electrónica la ley solo exige que así sea en la fase de licitación. Lo ideal es que se extienda de principio a fin y supongo que con el tiempo se modificará.P.- ¿Y se formará a los ciudadanos para manejar estas herramientas?

R.- Sorprende es que estas medidas no se acompañen de divulgación tanto para los ciudadanos como para quienes lo tienen que aplicar. Debe realizarse una difusión general.P.- ¿Somos los ciudadanos conscientes de la relevancia que en su vida tiene un ámbito tan desconocido como la contratación pública?

R.- No. Y es mucha. Un dato basta: el importe dedicado a los gastos contractuales en la Unión Europea es casi el 20% del PIB y en España ronda el 16%. Todos los gastos corrientes e inversiones son contractuales y están vinculados con los recursos públicos que se recaudan. El objetivo es que sean gestionados de una forma eficiente, que hasta el último euro se utilice de la mejor manera posible.