MUNICIPAL
Casa la Vega, más cerca de contar con recogida neumática de basura
La junta de compensación del S-3 entrega al Ayuntamiento los 878.000 euros reservados para construir la segunda central de la ciudad, a la espera de que acabe el desarrollo del S-4
Algunos de los que allí habitan desde hace no muchos años quizá ni lo recuerden pero la urbanización del S-3, en el entorno de Casa la Vega, incluía la puesta en marcha de una central neumática de recogida de residuos. Pues bien, culminado el desarrollo de la zona y a expensas de que ocurra otro tanto con el vecino S-4, que sin embargo va mucho más retrasado, la apuesta por este sistema sigue en pie.
Lo recordaba ayer la portavoz municipal, Carolina Blasco, tras aprobar la Junta de Gobierno la entrega al Ayuntamiento por parte de la junta de compensación del S-3 de la cuantía que hasta la fecha ha tenido reservada para tal instalación, toda vez que el sector en cuestión dispone de la red subterránea que enlaza los edificios del área con la futura central.
En concreto, el Consistorio percibirá 878.000 euros «que quedarán retenidos para este fin», precisaba la también edil de Medio Ambiente. Se ‘deshace’ así la entidad urbanística de su última obligación, lo que abre la puerta a su liquidación y le permite recuperar el aval depositado en el Ayuntamiento.
Las miradas se detienen ahora en el agente urbanizador -figura distinta a la citada junta pero con similares funciones- responsable del desarrollo del S-4. Y es que este debe asumir el 50% restante del coste total estimado de la central. «Habrá que decidir ahora si se encarga este órgano o el Ayuntamiento recibe también su parte y lo promueve por su cuenta. La intención es buscar la solución más rápida pese al retraso que acumula este sector», indicaba la concejal.
Blasco subrayaba la importancia de este nuevo paso pues acerca el objetivo de sustituir el sistema de recogida de residuos actual por un modelo más novedoso que ya está implantado en el entorno de la antigua estación y se promoverá también en los sectores S-7 y S-8. «Estas plantas no son rentables hasta que toda la urbanización está desarrollada y las viviendas de la zona ocupadas», recordaba, para reconocer que la única que hasta el momento funciona en la ciudad, en la calle San Pedro y San Felices, se encuentra aún en esa situación inicial, a la espera de que finalicen las decenas de promociones de viviendas que han proliferado en la zona vecina en expansión.
Cabe recordar que en el último año la recogida en este punto de papel y envases se incrementaba en más de dos toneladas, pasando de 42,8 a 45,5, lo que evidencia que el uso de este sistema se incrementa.
Otro de los asuntos abordados ayer por la Junta de Gobierno Local, se refería a la resolución del litigio con la UTE Valle de Lora, responsable del vertedero de Abajas hasta 2016, año en el que la gestión se trasladó al Consorcio Provincial de Residuos que a su vez se la encomendó a la La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).
El desacuerdo en la cuantía económica que el Ayuntamiento adeudaba a la citada empresa por las inversiones realizadas durante 2014 y 2015 en las instalaciones se saldaba con un acuerdo que rebajaba los 502.000 euros reclamados inicialmente que la administración local rechazaba por excesiva, lo que motivó la entrada de este asunto en los tribunales.
La cifra que se abonará finalmente vía «transacción judicial» asciende a 387.133 euros. «Siempre hemos defendido que las cantidades correspondientes a las obras de 2015 ya las habíamos abonado en su momento mediante el canon establecido por el contrato, pues se trataba de trabajos que había que hacer de forma obligatoria a medida que se iba depositando residuo en el vertedero», explicó Blasco, para añadir que, además, se autorizaba la firma de un protocolo con Somacyl, «pues le corresponde el pago de parte del montante» ya que aquella obra le ha beneficiado.
En el documento rubricado al efecto, y a la espera del auto judicial que de validez a la citada transacción, la sociedad pública se compromete a devolver al Ayuntamiento 240.000 euros mediante la reducción del precio que se paga por tonelada depositada a lo largo de los diez años del contrato en vigor.