San Cristóbal paga 40.000 euros de más por el retraso del ARU

«No se sí había problemas entre departamentos, si los que hicieron las cosas hace 12 o 13 años no lo hicieron bien al transcribir el acuerdo, sólo se que tuvimos problemas en Intervención con las primeras ayudas y al final lo hemos pagado nosotros», explica la presidenta de la Asociación para la Regeneración Urbana (ARU) de San Cristóbal, Irene Olmos. Los propietarios de las 311 viviendas rehabilitadas en la primera fase de intervención, con un presupuesto de cinco millones de euros, realizaron las aportaciones con un crédito conjunto de las comunidades implicadas. Las primeras aportaciones se realizaron por parte de los particulares que, como la subvención comprometida desde las administraciones no llegaba, se vieron obligados a realizar un crédito puente para «no parar las obras». Los equipos de administración de los particulares han hecho cuentas y el coste en intereses de esa aportación, que estuvo paralizada durante ocho meses en Intervención, asciende a 40.000 euros.

«Es una cantidad aportada por los vecinos a través de las comunidades de propietarios, no todos han hecho la misma intervención y las cantidades son diferentes, pero dudo mucho que se pueda recuperar, con que no vuelva a pasar en las próximas nos damos por contentos», explica Olmos. Al respecto el técnico que supervisa el proyecto, Agustín Herrero, advierte que también «ha tenido un coste añadido para las constructoras que asumieron la situación y siguieron adelante». El arquitecto apunta que «se expuso en las reuniones del ARU en dos ocasiones, pero no hubo acuerdo y tampoco sé si se podría resarcir». Descarta que esa aportación se pueda derivar a la tercera fase, de la que esperan la firma del acuerdo para arrancar. «No son las mismas comunidades de propietarios y no se pueden abonar por esta vía, es un proyecto diferente dentro del mismo ARU», aclara Herrero.

Desde el ámbito político, la concejal de Licencias, Ana Bernabé, aclara que «los vecinos nunca nos han hablado de eso» y considera que «si creen que hay un perjuicio económico deberían reclamar por daños y perjuicios al Ayuntamiento y que se dirima si hay culpable o no en el retraso en la inspección de Intervención». Por su parte, el concejal del PSOE, Antonio Fernández-Santos, considera que «fue un error municipal y esas cantidades las debería sumir el Ayuntamiento porque no son achacables a los vecinos y habría que buscar la fórmula para resarcirles».Más información en la edición impresa