Concepción ve el poder judicial como garante de la unidad de España

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, resaltó el valor de contar con un Estado «judicialmente integrado» que ha permitido hacer frente «cuando la unidad de España ha sido puesta en peligro» y cuando «la desobediencia a la Constitución ha tenido que ser combatida con todas las armas que procura el Estado de Derecho».

El Palacio de Justicia de Burgos,sede del TSJCyL, acogió ayer el acto de apertura del año judicial. Concepción destacó el papel de la Justicia como «bálsamo» para la sociedad frente a la arbitrariedad y el exceso, «vengan estos de donde vengan».

Con la sentencia del proceso cercana en el tiempo, el presidente del alto tribunal de la Comunidad quiso remarcar el valor de los tribunales superiores de Justicia y del TSJ, del que este año se cumplen 30 años, como «órganos de la Estado en las comunidades y no, como órganos propios de éstas».En su intervención, recordó que España se configura como «un Estado políticamente disgregado, pero jurídicamente integrado», con las «óptimas consecuencias» que ha tenido.

En este contexto, en el que «los ciudadanos, siempre interesados en la labor de la Justicia, en cuanto que a través de ella se ejerce el control de los otros poderes», el presidente del TSJ indicó que «estarán de acuerdo con la fortuna de este diseño». Un diseño, añadió, que ha permitido que «las críticas de opacidad y de lejanía que tradicionalmente se nos han dirigido pertenecen al pasado». En su opinión, la Justicia española está«por derecho propio a la cabeza de los Estados constitucionales modernos».

Por ello, Concepción quiso destacar el trabajo de los jueces y el «ejemplo de transparencia» que ofrecen a diario. Indicó que el juicio del ‘proces’ es solo «la punta del iceberg», ya que el trabajo de los más de 6000 jueces y magistrados españoles lo hacen con «eficacia desde su irrenunciable independencia».

También quiso destacar de manera especial la labor que llevando a cabo los 330 jueces y magistrados de Castilla y León que «dan cada día un ejemplo de abnegación y de servicio pese a las condiciones desfavorables» en las que desarrollan su trabajo. Destacó que las cerca de 200.000 resoluciones dictadas el pasado año -8000 más que el año anterior- han estado encaminadas a resolver los problemas de los ciudadanos de Castilla y León y han supuesto«un necesario bálsamo que la sociedad tiene frente a la arbitrariedad y el exceso, vengan de donde vengan».

Concepción mandó un mensaje a los responsables políticos para que hagan lo posible para que la Justicia tenga el reconocimiento que, manifestó, no tiene en la actualidad. El presidente del alto tribunal de la Comunidad expresó su deseo de que esta realidad sirva para que «quienes tienen la responsabilidad ejecutiva y legislativa» en España acaben de «una vez por todas» por colocar al poder judicial en el «plano de igualdad en relación con los otros dos poderes, tanto desde el punto de vista formal como desde las perspectiva de los medios». A ello añadió que sería necesario que se alcanzase el ese «necesario consenso entre todas las fuerzas políticas para aprobar definitivamente esa vieja asignatura pendiente de nuestra joven democracia».

En su intervención tuvo una mención especial al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que acudió ayer al acto de apertura del año judicial. Tras agradecer su presencia en el evento, Concepción apeló a su antigua condición de consejero de Justicia y de Presidencia de la Junta y como conocedor de las «vicisitudes» por las que «atraviesa la Justicia en nuestra tierra». A pesar de que Castilla y León no tiene transferidas las competencias en materia de Justicia, Concepción expresó a Mañueco su deseo que «desde el respeto institucional que siempre mostraste, pero desde la colaboración, darás pronto auxilio a las demandas que te hagamos llegar».

El presidente del TSJ aprovechó que este año se cumple el 30 aniversario del alto tribunal de la Comunidad para reclamar de nuevo la independencia económica del poder judicial. Recordó que el alto tribunal de la Comunidad cumplió el pasado 23 de mayo 30 años de existencia como un órgano que «culminase la organización judicial» en la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, hubiera sido un año de celebración que «hubiéramos querido celebrar con el esplendor que merece».

Sin embargo, el poder judicial, añadió, es el «único poder del Estado que posee una autonomía presupuestaria que le permita afrontar iniciativas de esta índole». Y lamentó que «no ha sido posible intentar, siquiera, una puesta de largo que permitiese abrir las puertas a la sociedad, tal y como queríamos».