La cárcel gana 34 funcionarios, pero el déficit de personal ronda el 30%

«Nada que celebrar» pese a la llegada, a lo largo de este mes, de 34 funcionarios de carrera a la cárcel de Burgos. Los sindicatos de prisiones han optado este año por desmarcarse de la Festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, porque el «conflicto colectivo» con el Ministerio del Interior continúa sin visos de solución. El malestar de la plantilla en el penal burgalés fue ayer palpable a las puertas del Teatro Principal. Los sindicatos ACAIP, UGT, CSIF y Comisiones Obreras protestaron enérgicamente contra la negativa «en rotundo» a establecer una «negociación real» sobre la «falta de personal», las «agresiones» sufridas a manos de internos o la negativa a que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad.Con una visión distinta del conflicto aunque consciente de que el número de efectivos «nunca es suficiente», el director de la cárcel, Luis Carlos Antón, celebró la incorporación de 29 funcionarios de vigilancia y cinco para las oficinas, «la mayoría burgaleses». En su opinión, se trata de un «hito» que podría mejorar aún más la situación porque se prevé una nueva oferta pública de 600 plazas. En la actualidad, el penal cuenta con 367 internos y 236 funcionarios.En la misma línea, el subdelegado del Gobierno,Pedro de la Fuente, destacó que la prisión ganará un 10% en relación «a lo que ahora mismo tenemos en plantilla». Además, subrayó que la noticia debe encararse con esperanza porque la tasa de reposición en administraciones públicas había descendido más de un 80% durante los últimos ocho años. No obstante, se mostró a favor de que los funcionarios de prisiones expresen su malestar y no dudó en acercarse a los representantes sindicales para escuchar sus reivindicaciones.«Medias verdades»Pese a los datos aportados por el director de la prisión, el portavoz de ACAIP, Valentín Gómez, señaló que «este año se jubilan ocho funcionarios y dos pasan a segunda actividad». Además, los sindicatos temen que muchos de los recién llegados opten por el mismo camino a corto o medio plazo porque «llevan muchos años de servicio».En lo relativo a la ansiada consideración de los funcionarios como agentes de la autoridad, tanto Calvo como De la Fuente optaron por no ‘mojarse’, dado que se trata de una decisión política y «legislativa» que debe tramitarse desde Madrid. El problema, según Gómez, reside en la imposibilidad de llegar a acuerdos con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien trata de salir al paso con «medias verdades». De aprobarse su solicitud, los internos se enfrentarían a una pena «muchísimo mayor» en caso de agresión, ya que actualmente «lo único que les conlleva es una sanción administrativa».Mientras los sindicatos denuncian un ataque diario de media en España, Calvo aseguró que la cárcel de Burgos no ha sufrido «ni una sola agresión y ni una sola muerte violenta entre internos» en lo que va de año. Sin embargo, el portavoz de ACAIP afirmó que este fenómeno es recurrente en todos los centros de Castilla y León. Asimismo, tampoco pasó por alto el déficit de personal médico. Y es que de los cuatro facultativos que debiera haber, tan solo se dispone de uno, al que se sumará otro próximamente. El motivo, a su juicio, es que «los médicos no quieren entrar en prisiones porque económicamente no les compensa».