De la Rosa insiste en reclasificar la deuda de los consorcios

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, en representación del Ayuntamiento, acudirá el próximo 30 de octubre a la Oficina de Contabilidad Nacional para solicitar la reclasificación de las deudas de los consorcio del Desvío y de Villalonquéjar. Esta no es la primera vez que la Administración local trata de desprenderse de la deuda en su tramo sostenible (la que se prevé poder pagar con la venta de parcelas), que actualmente alcanza los 174,5 millones de euros, de los cuales 106 millones corresponden al consorcio del Desvío del Ferrocarril y 68,5 millones de euros.Sin ir más lejos, el pasado octubre, el por entonces alcalde Javier Lacalle se reunía con la dirección de la oficina para solicitar el cambio, una reclasificación que no acabó de producirse. «Es fundamental que se reclasifiquen los dos consorcios dentro del sector de entidades no financieras y, por lo tanto, fuera del sector de las Administraciones Públicas», apuntó ayer el primer edil. Aunque el concejal de Hacienda, David Jurado, señala que «es muy complicado conseguir la reclasificación, no por eso debemos dejar de intentarlo».El edil responde así a las advertencias vertidas por el grupo municipal popular en el consejo del consorcio del Desvío celebrada ayer, recordando al equipo de Gobierno la necesidad de contar con los estatutos modificados para solicitar la reclasificación. En este sentido, Jurado apuntaba que «si bien es una cuestión importante» para solicitar la reclasificación, no es la única. «El buen ritmo en la venta de parcelas y de la previsión de venta, que posibilita el cumplimiento de la devolución de las deudas financieras contraídas es un ejemplo».Aunque uno de los puntos previstos en la reunión del consejo rector del consorcio del Desvío se centraba en dar luz verde a la modificación de los estatutos del ente para adaptarlos a la normativa y legalizarlos, su aprobación defintiva deberá esperar «al Pleno municipal del mes noviembre, una vez finalice el periodo de alegaciones este mes y se estudie la estimación o desestimación de las mismas».En cualquier caso, aunque no se logre la reclasificación de la deuda de los consorcios, el Ayuntamiento de Burgos no se volvería a someter a un Plan Económico Financiero. «El plan económico de 2017 y 2018 ya está superado», recuerda el concejal de Hacienda. Aunque las cuentas municipales están libres del control de la Administración regional, que la deuda sostenible de los consorcios siga imputándose al Ayuntamiento de Burgos sí tendrá como contrapartida que la ciudad no podrá pedir préstamos hasta que su deuda viva se sitúe por debajo del 110%.De vuelta a la situación económica del consorcio del Desvío, Jurado confirmó que «el plan de venta se está cumpliendo y ya se han ejecutado las amortizaciones preceptivas de la deuda y hemos podido amortizar de forma anticipada algunos préstamos». De hecho, Jurado afirmaba que «si no se vendieran más parcelas en lo que resta de año, que no será así, el consorcio del Desvío tendría la capacidad de afrontar las amortizaciones de deuda de los años 2020 y 2021».El propio De la Rosa suscribía las palabras del responsable de Hacienda apuntando que «las perspectivas son buenas, como ocurre con el consorcio de Villalonquéjar, después de solucionar la renegociación de la deuda de ambos entes, estamos ofreciendo una estabilidad a los inversores que nos permite hacer operaciones de venta de las parcelas con regularidad».Así, durante la reunión del consejo se dio luz verde a la adquisición de una parcela, por valor de 3,4 millones de euros, por parte del Grupo Orpea para la construcción de una residencia de ancianos. En este caso, la totalidad de la parcela no es propiedad del consorcio y es que «un 23% corresponde al Ayuntamiento de Burgos». La Administración municipal no tiene la capacidad de vender propiedades municipales por lo que se ha acordado realizar una permuta con el consorcio. «El Consistorio se quedará con una parcela ubicada en Fuentecillas por el mismo valor y así el consorcio podrá ejecutar la venta del 100% de la parcela solicitada».Por otra parte, se aprobó conceder una prórroga de tres meses a los promotores de la Torre Panorama, quienes alegaron en su petición «retrasos en cuestiones urbanísticas», comenta el concejal de Hacienda, quien explicó que «se concede la prórroga porque finalizaría el 2 de diciembre y la operación quedaría computada dentro del mismo año».