De la Rosa exige colaboración regional para sostener la OMIC

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) cumple 36 años de historia y ayer el alcalde, Daniel de la Rosa, aprovechaba para reivindicar a la Junta de Castilla y León algún tipo de acuerdo que permita colaborar económicamente con el sostenimiento de este servicio.Como aseguró el primer edil, el Ayuntamiento garantizará la aportación anual de 175.000 euros, pero insistió en que la administración regional debe contribuir a costear el mantenimiento porque «la competencia para prestar información, asesoramiento y formación en materia de consumo no la tienen expresamente reconocida los ayuntamientos». Considera que este servicio está «en un limbo» porque no hay una delegación expresa por parte de la Junta de Castilla y León.El Pleno municipal hizo hace varios meses un requerimiento formal a la institución regional a petición del grupo municipal socialista, entonces en la oposición, pero la respuesta fue negativa. De la Rosa aclaraba que ha habido disparidad de criterios y que en otros ayuntamientos, como el de Valladolid, la repuesta a colaborar fue afirmativa aunque desconoce si se ha concretado de algún modo. Por este motivo, exige «cierta coherencia» y «complicidad» con una entidad que funciona bien.El alcalde visitó la OMIC acompañado de la concejal de delegada de Comercio y Consumo, Lola Ovejero, y del director del servicio, Luis Morcillo, que lleva al frente desde su creación en 1984. Para el regidor, que recordó que el contrato de este servicio finalizó durante 2018 y cuya gestión está en vías de volver a salir a licitación, la Junta es la titular de la competencia «que nosotros asumimos de manera generosa y solidaria, pero también impropia y no fue justa la respuesta a la petición realizada hace ya año y medio». En este sentido, confirmó que en 2020 se volverán a poner en contacto con la administración regional para mantener nuevas conversaciones sobre este asunto y analizar las posibilidades de colaboración, así como la cuantía económica, «todo ello negociable».Con motivo de la visita a la OMIC se aprovechó para repasar los datos de sus 36 años de historia, así como de los 25 de la Junta Arbitral de Consumo. La primera ha recibido 418.107 consultas, una media de 22.000 anuales, mientras que el servicio de mediación admitió 54.796 reclamaciones, un 60% resueltas de manera amistosa. Por su parte, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, que es la Junta Arbitral, suma un total de 27.981 solicitudes arbitrales recibidas y 11.764 laudos dictados.La concejal de Consumo espera que en 2020 se puedan retomar las actividades de formación a escolares y a adultos en los derechos de los consumidores que se venían haciendo hasta 2015. «Hacen una tarea importante de sensibilización hacia la población que debe saber que no tiene que conformarse con situaciones que no son justas», comentó.El director de la OMIC destacó el volumen de actividad que realiza esta entidad y puso como ejemplo la Junta Arbitral Municipal que es la primera de España de las 48 existentes en otras tantas provincias.Así, recordó que en 2019 recibió la mayor subvención del país con una cuantía de 56.912 euros, una cantidad que está ligada a la cantidad de trabajo que desarrolla. Mientras que elAyuntamiento de Madrid contó con 54.703 euros, el de Barcelona con 34.729 y el de Valladolid con 28.934.Morcillo comentó la implantación que tiene el arbitraje de consumo en Burgos con 3.254 empresas y profesionales adheridas voluntariamente al sistema arbitral.En lo que respecta a los próximos años, el responsable de la OMIC apuesta por fomentar el arbitraje de consumo introduciendo a aquellas empresas que sean adjudicatarias de servicios públicos municipales. Para ello propone la inclusión en todos los pliegos de condiciones técnicas de los concursos de adjudicación de servicios que convoque el Ayuntamiento el requisito exigible para las empresas participantes de estar sometidas, con carácter previo a su participación, al arbitraje de consumo.Más cerca del consumidor gracias a la tecnologíaEl director de la OMIC explicó que en los últimos años se ha realizado una transformación tecnológica para que los consumidores puedan acceder a los servicios desde sus dispositivos móviles o sus ordenadores. De esta manera, existe una aplicación informática de gestión de consultas y reclamaciones en entorno web, financiada íntegramente por la Agencia Estatal de Consumo y Seguridad Alimentaria, con un coste de 33.000 euros. La forma de acceder es a través de omic.aytoburgos.es con el DNI electrónico o el Certificado Digital. Los usuarios pueden formular reclamaciones y consultas desde casa, acceder al censo de las empresas adheridas al arbitraje, conocer el estado de tramitación de los procedimientos y contestar a las reclamaciones y formular alegaciones a través de la página web municipal, entre otras cuestiones.También se posibilita la asistencia remota de las partes a las vistas arbitrales mediante videoconferencia.

De cara a un futuro cercano, se pretende la tramitación electrónica de los procedimientos de mediación y arbitraje, posibilitando el seguimiento de las notificaciones administrativas.