De la Rosa espera que Relaciones Laborales se integre en la UBU en 2021

Futuro incierto el del grado de Relaciones Laborales. Así lo ven al menos los cerca de 45 estudiantes de 2º y 3º que, a día de hoy, desconocen «qué va a pasar» tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que impide a la Universidad de Burgos (UBU)impartir clases en la Facultad de Derecho. Ante esta situación sobrevenida, el Patronato de la Escuela, con Daniel de la Rosa al frente, reunirá al Consejo de manera «inmediata» para intentar «lo antes posible» que el grado se desarrolle íntegramente en la UBUa partir de 2021.Según detallaba ayer el alcalde, el Patronato pretende «modificar su estatutos» para facilitar esa transición académica hacia el complejo universitario frustrada por la sentencia. Precisamente, el Frente de Estudiantes se movilizó ayer en el campus de Derecho antes de reunirse con el rector, Manuel Pérez Mateos, para resolver su «incertidumbre» al respecto.La coordinadora externa del Frente, Miriam Ulecia, lamentaba antes del encuentro que la UBU no haya facilitado «ningún tipo de información a los alumnos». Lo llamativo, a su juicio, es que se les convocase «justo» después de celebrar la concentración. En cualquier caso, los estudiantes afectados dejaron muy claro su deseo de «acabar el grado aquí» y con «la misma validez» que en cualquier otro centro universitario.En declaraciones a los medios antes del encuentro con los alumnos, el rector garantizó la obtención del titulo con la «calidad que corresponde a sus estudios». Por otro lado, negó tajantemente que la Universidad haya conspirado durante los últimos años para lograr la «disolución» de la Escuela. «Todo lo contrario», advirtió convencido de que el principal objetivo de la UBU siempre ha sido «prestar el mejor servicio a la sociedad y conseguir que los estudios de Relaciones Laborales se mantengan de la mejor manera posible».Mateos se mostró dispuesto a explicar a los alumnos «cómo son las sentencias que se han producido y cuál es la implicación que tienen». Asimismo, anunció su intención de solicitar una «aclaración» sobre su ejecución porque «no está claro cómo se puede aplicar». Sea como fuere, aseguró que la Universidad acatará un fallo derivado de las «legítimas» reclamaciones del personal de la Escuela que ve amenazado su futuro laboral al carecer de la acreditación requerida para la docencia universitaria.Pese a la promesa de mantener esa validez exigida por los alumnos, la reunión concluyó con unas cuantas dudas sin resolver. Según la coordinadora externa del Frente de Estudiantes, el rector se comprometió a «hacer todo lo posible» para que puedan obtener su titulación «en la Facultad de Derecho o en la Escuela», aunque no pudo «asegurar dónde vamos a acabar».«Nos ha intentando tranquilizar, pero al fin y al cabo no te compensa. Hay una sentencia y la palabra del rector. Nos parece más firme la sentencia que lo que pueda decir él por muy bueno que sea», subrayaba Ulecia sin perder de vista la principal reivindicación de los alumnos:el mantenimiento del grado «en las mismas condiciones en las que lo empezamos».En lo que respecta a la aplicación de la sentencia y las dudas que giran a su alrededor, Ulecia y sus compañeros confían en retomar el segundo semestre pese a desconocer «si nos pueden seguir dando clase o no». Los profesores, precisó, sostienen que «no va a pasar nada» y les recomiendan estar «tranquilos». Lo importante es que no han dudado en mostrar su «apoyo» a las inquietudes del alumnado al igual que Comisiones Obreras, cuyo secretario provincial, Ángel Citores, respaldó ayer la concentración.El Frente de Estudiantes aguarda con expectación la reunión del Consejo del Patronato para ver si se cumple la palabra dada por el alcalde en la mañana de ayer. A la cita asistirá una delegada estudiantil de la Escuela que «transmitirá la postura» de los alumnos de ambos centros. Es lo que espera Ulecia, consciente de que unos y otros deben remar en la misma dirección para que nadie salga perjudicado.