Hoteles y restaurantes suman el 55% de denuncias turísticas

La calidad de los servicios que reciben los turistas cuando visitan la provincia es fundamental de cara a que los que vienen difundan que regresarían porque se han encontrado a gusto. Un público exigente y crítico con el hotel en el que pernoctan o con el restaurante al que acuden a degustar la gastronomía de la tierra es el que contribuirá a que los propietarios no se relajen en cuanto al nivel de los servicios que prestan.

Si el cliente no queda satisfecho tiene en su mano instrumentos para protestar y su queja será atendida por la administración regional que vela por el cumplimiento de la Ley de Turismo de Castilla y León (14/2010 de 9 de diciembre). Además de las reclamaciones de particulares, los inspectores de Turismo actúan de oficio con el objeto de regular esta actividad en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

La normativa regional se preocupa por cuestiones como la ordenación de la actividad turística, la planificación, la promoción, el fomento y la disciplina. Entre sus finalidades está la de impulsar el turismo como sector estratégico de la economía de la Comunidad de Castilla y León y generador de riqueza y empleo. Ve como fundamental garantizar la protección de los derechos de los turistas y erradicar la actividad turística clandestina en el sector.

Solo durante el ejercicio de 2019 se presentaron un total de 204 reclamaciones que dieron lugar a 55 expedientes sancionadores, entre quejas de particulares y las que son fruto de la actividad de inspección. La mayoría de ellas tiene que ver con reclamaciones en relación con alojamientos hosteleros y restaurantes, mientras que apenas cinco de ellas tuvieron como sujeto de la queja a una casa rural de la provincia, según los datos facilitados por el Servicio Territorial de Turismo de la Junta de Castilla y León.

En concreto fueron 50 las reclamaciones presentadas contra alojamientos hosteleros con 20 expedientes sancionadores abiertos y 58 contra restaurantes con 12 sancionadores. Así, un 55% de las denuncias presentadas durante el pasado ejercicio están relacionadas con hoteles y restaurantes.

Con estas 204 denuncias, en las que se incluyen las que realiza por iniciativa propia la Inspección de Turismo, Burgos se convierte en la segunda provincia de Castilla y León con mayor número de reclamaciones solo superada por Salamanca, con 220. Le siguen muy de lejos León con 181, Ávila con 91 y Segovia con 78. La estadística muestra que este año en Valladolud no se ha registrado ninguna, mientras que en Soria fueron 33, en Zamora 46 y en Palencia 53.

En el caso de Burgos, durante 2017 se vivió un pico importante al alza en el número de reclamaciones tramitadas por Turismo con un total de 429, mientras que en 2016 ya aparece una cifra más cercana a la de este último 2019, en total 230 denuncias. Así, entre los ejercicios 2017 y 2018 se registra un descenso de casi el 40% (39,86%). Concretamente se pasó de 429 a 258. En este 2019 se confirma esa disminución al pasar de 258 a 204, casi un 21% menos de quejas registradas por los servicios de la administración regional.

Por su parte, los expedientes sancionadores se han reducido a la mitad entre 2018 y 2019 ya que de 103 bajan a 55, eso sí la mayor parte de ellos tiene que ver con algún problema con el alojamiento.

La actuación de los inspectores de Turismo pone de manifiesto que las infracciones más frecuentes detectadas en la provincia tienen que ver con la realización de la actividad turística sin haber presentado la declaración responsable ante la administración pertinente. También la falta de los distintivos acreditativos de la clasificación, categoría o aforo es otro de los problemas más habituales detectados, no tanto no contar con ellos sino no exhibirlos en el lugar adecuado.

Otra de las cuestiones que es motivo de infracción frecuente es la expedición sin los requisitos exigidos de los justificantes de pago por los servicios prestados.

La sanción más frecuente por realizar una actividad turística sin haber presentado declaración responsable es una multa de 901 euros, mientras que en el caso de expedir un justificante de pago sin los requisitos exigidos la cuantía de la multa más habitual es de 60 euros.

En el caso de las Agencias de Viaje, el Servicio Territorial de Turismo contabiliza cuatro expedientes sancionadores. La infracción más frecuente en estos servicios tiene que ver con el incumplimiento de la obligación de facilitar al viajero una información completa y suficiente.