El Correo de Burgos

La justicia da la razón a un operario de Aguas que perdió una pierna en un accidente

Podemos espera que la empresa municipal no recurra la sentencia, que recoge la falta de «medidas necesarias» para «evitar el siniestro»

Israel Hernando, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos.

Israel Hernando, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos.

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Redacción
Burgos

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El 5 de abril de 2018, un operario de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos sufrió un aparatoso accidente mientras trabajaba en la sustitución y renovación de la red de abastecimiento en la calle Poeta Martín Garrido. Le amputaron la pierna izquierda y demandó tanto a la Seguridad Social como a la empresa pública. Reclamaba un recargo del 50% sobre las prestaciones que le correspondían a raíz de este suceso, pero fue desestimado por el Juzgado de lo Social número 1. Sin embargo, recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que la semana pasada dictaminó que debe percibir un 30% de recargo.Los hechos probados recogidos en la sentencia ponen de manifiesto que no se adoptaron «todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el siniestro». Así lo constató la Inspección de Trabajo, que propuso una sanción de 500 euros contra la empresa por dos infracciones leves relacionadas con la falta de planificación de acuerdo a la evaluación de riesgos laborales y la «carencia de medios adecuados» para llevar a cabo dicha intervención.Aunque el TSJCyL no responsabiliza directamente a la Sociedad de Aguas del accidente, el fallo estima que si «se hubieran cumplido estrictamente en la realización del trabajo las medidas preventivas que se recogen en el informe de la Inspección de Trabajo es claro que el accidente no se hubiera producido, en particular el golpe y atrapamiento de los pies del accidentado por el chapón que estaba mal estibado incumpliendo lo previsto en la evaluación de riesgos, con independencia del lugar en que se encontraba el trabajador».Ahora bien, la sentencia también recoge que el operario cometió una «negligencia profesional» -que no temeraria- debido a su «ejercicio habitual de trabajo o a la confianza que este inspira». Por tal motivo, el Alto Tribunal rebaja la pretensión económica del demandante pese a considerar que su actuación «no es elemento exonerador de responsabilidad de la empresa».Tras dar a conocer el fallo del TSJCyL, el concejal de Podemos, Israel Hernando, lamentó ayer las «graves secuelas» de este accidente laboral mientras solicitaba públicamente que no se recurra la sentencia. En este sentido, recordó el reciente caso de un laudo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recurrido por Aguas de Burgos después de que un vecino solicitase un reembolso de 200 euros. Este tipo de actuaciones, a juicio del edil, «van en contra de la ciudadanía» y, además, suponen un gasto de «miles de euros» procedentes de las arcas públicas.Para la formación morada, la gestión municipal de este servicio no debe limitarse a «sacar pecho» sobre la calidad del agua, el estado de los embalses o el desarrollo de infraestructuras en materia de saneamiento o abastecimiento. También debe garantizar la «protección» de los empleados y demostrar que «rendimos cuentas ante los ciudadanos» mediante un ejercicio de «participación» y transparencia capaz de garantizar, al mismo tiempo, la «adaptación» a las necesidades que plantea el «cambio climático».Lo sucedido con este operario, remarcó Hernando, es un «hecho muy grave» que ha de servir para que se apliquen de manera estricta todas las medidas en materia de seguridad para evitar que vuelvan a registrarse accidentes de este tipo en el futuro.

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