MUNICIPAL
Un juez investiga la cesión de uso del campo de El Plantío
La portavoz del Gobierno local afirma que no han recibido ninguna comunicación del Juzgado / El PP pide explicaciones ante un presunto delito de prevaricación
La apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción Nº1 de Burgos contra el alcalde de Burgos Daniel de la Rosa y los nueve miembros de la Junta de Gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en relación con la cesión del uso del estadio municipal de El Plantío ha desatado todas las alarmas.
Los concejales del grupo municipal popular urgen explicaciones en relación con el acuerdo tomado en una Junta de Gobierno al inicio del presente mandato (julio de 2019), cuando todavía gestionaban en minoría, en el que se autorizó provisionalmente el uso en precario del estadio municipal de El Plantío al Burgos CF SAD.
La denuncia al juzgado procede del presidente del Real Burgos CF SAD, que había solicitado en reiteradas ocasiones poder disputar sus encuentros en la instalación municipal de manera compartida con el equipo de Segunda División B, gestionado por la familia Caselli.
El viceportavoz de la formación popular, Jorge Berzosa, ha podido conocer el documento por el que se abren diligencias previas y en el que el juez declara «la complejidad de la presente causa» y se da de plazo hasta el 9 de noviembre de 2021 para realizar la instrucción.
Sin notificación
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, la socialista Nuria Barrio, omitió dar explicaciones tras la rueda de prensa para informar sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. La concejala afirma que ni ella ni al resto de sus compañeros «se nos ha notificado nada en esta materia» y acusó al grupo popular de «difamar» de manera arbitraria a los socialistas.
Barrio asegura que darán las explicaciones en el juzgado cuando se les requiera y señala que el PP puede buscar las respuestas al acuerdo sobre la cesión de El Plantío en el expediente de la Junta de Gobierno que lo aprobó.
A este respecto, Berzosa denuncia que Nuria Barrio miente al sostener que ningún miembro del equipo de Gobierno tiene conocimiento de la apertura de diligencias porque el Ayuntamiento respondió al expediente del Juzgado.
El grupo popular desconoce «las características de la adjudicación del uso del estadio, por cuánto tiempo, en qué condiciones y si existe contraprestación», pero se hace eco de la denuncia interpuesta en la que el presidente del Real Burgos, Juan Antonio Gallego, indica que hay otros equipos interesados en el uso del campo de fútbol sin que exista documentación legal que justifique la cesión al haberse hecho en precario.
El viceportavoz municipal se ha preguntado si Daniel de la Rosa, socio del Burgos CF, no realizó una gestión adecuada de los recursos públicos municipales, dado que tanto él, como el resto de la Junta de Gobierno local, eran conocedores del interés que otras entidades deportivas tenían también por el campo de fútbol. Pese a ello, y según considera el denunciante, Daniel de la Rosa decidió gestionar «de un modo arbitrario» la instalación.
«El patrimonio municipal debe ser tratado conforme a la ley y ya hemos advertido muchas veces que el alcalde, Daniel de la Rosa, su equipo de Gobierno y ahora también con Ciudadanos actúan con prepotencia y hoy es un juez el que investiga si han tomado decisiones en contra del interés general con conocimiento», asegura, Berzosa que ha conocido este asunto por los medios de comunicación (Canal 54).
Los populares llegaron a preguntar sobre este asunto en el Pleno municipal del pasado 18 de diciembre y, de momento, el equipo de Gobierno «guarda silencio». Ahora ahondarán en la petición de explicaciones sobre ese expediente de la Junta de Gobierno, sobre si se van a utilizar recursos públicos para la defensa y se preguntan por el papel de Ciudadanos (socios del PSOE desde octubre).
En este sentido, añade que si no obtienen respuestas solicitarán un Pleno extraordinario y monográfico en el que el alcalde dé explicaciones públicas sobre este asunto.
Berzosa recuerda que la formación naranja ha hecho bandera de la regeneración política e incluyen en su código ético la exigencia de dimisión para los miembros de Ciudadanos y sus colaboradores cuando se está investigado por un delito de corrupción política en el que se incluye la prevaricación. «Le preguntamos si va a aplicar su código ético o va a ser cómplice si esa imputación sigue adelante», manifiesta.
Facturas y ayudas
Además, el PP denuncia que en la última Junta de Gobierno de 2020, celebrada el pasado 30, se pagaron sendas facturas a la liquidación de los contratos de las escuelas deportivas municipales de Atletismo y Gimnasia, que también están denunciados en el juzgado por prevaricación administrativa.
Los populares creen que se le están acumulando los problemas al alcalde socialista y a su equipo de Gobierno. Y en palabras del popular César Barriada observan «falta de transparencia» en la adjudicación en el último Consejo de Deportes (30 de diciembre) de las subvenciones a clubes con proyección y a los clubes de base.
Las subvenciones «han tendido a una cierta arbitrariedad saltándose el informe de los técnicos porque se han concedido unos 7.000 euros fuera de informe».