De la Rosa cifra en 10 millones la pérdida de ingresos por la anulación del impuesto de plusvalías

Los ingresos del Ayuntamiento de Burgos se verán mermados en algo más de 10 millones de euros con la  sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto de plusvalías municipales, el que se cobra en la transmisión de una propiedad. El alcalde, Daniel de la Rosa, reconoce la preocupación máxima del bipartito en el momento en el que se trabaja en el borrador del presupuesto de 2022 y solicita al Gobierno central que compense esa reducción de ingresos a través de una transferencia económica.El fallo judicial declara inconstitucional la fórmula que emplean los municipios para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ahondando en sentencias anteriores de altos tribunales de las comunidades autónomas en base a reclamaciones de particulares que entendían que no debían pagar este impuesto tras vender un bien, en la mayoría de los casos son transacciones de vivienda, cuando la operación fue a pérdidas, que ingresaron menos dinero del que pagaron en la adquisición.El conocimiento de la inconstitucional del cálculo sobre la base imponible del impuesto ha hecho saltar las alarmas en los ayuntamientos ya que se trata de una fuente de ingresos importante. El alcalde, Daniel de la Rosa, puso cifras a esas consecuencias y recordó que a 31 de agosto el Ayuntamiento lleva recaudados ya 8,6 millones de euros en plusvalías y reclama al Ministerio de Hacienda que con urgencia «traslade un instrumento normativo que dé cobertura a la aprobación de un nuevo impuesto de la misma naturaleza, pero atendiendo al requerimiento del Constitucional en cuanto al cálculo de la base imponible».El trastorno para los consistorios es mayor si cabe en esta época del año, ya que como indicaba De la Rosa, tienen listo el borrador del presupuesto para el año 2022, que contempla esos ingresos para las arcas municipales. La idea de De la Rosa es mantener esa cantidad y condicionar la ejecución ciertas inversiones y transferencias corrientes para el próximo ejercicio a la posibilidad de contar con un nuevo marco normativo o a la compensación de los ingresos. «Si no se produce una de las dos alternativas hay 10,1 millones con los que no vamos a poder contar», expresa.