El «inexistente» control interno del Ayuntamiento de Burgos confronta a PP y PSOE

El área de Intervención ha puesto de manifiesto en su resumen anual sobre el control interno del año 2021 que «no puede desarrollar el control interno de la Administración porque no hay recursos». Así lo señaló el concejal del PP, Jorge Berzosa, quien recordaba en el Pleno ordinario del mes de agosto que desde el área se «ha solicitado que se cubran inmediatamente los puestos creados en 2018 y que se mejoren los procesos de convocatoria pública» porque «se ha dejado de controlar a la Administración local».

El concejal hablaba incluso de «ilegalidad». «Hay tres contratos ilegales porque fallan los controles y esto no lo dice el PP, lo dice el interventor», aseguró Berzosa. Una «falta de control» que supone que «en 2021 tampoco se ha presentado el plan anual de control financiero que establece la normativa vigente» y que «imposibilita especialmente la auditoria pública».

Berzosa hacía hincapié en el contrato de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). «Se ha desestimado un recurso presentado por el PP con una ilegalidad manifiesta» y «se sigue adelante con su puesta en marcha cuando no está cumpliendo con la ley». El concejal se refería a la inexistencia en el pliego de «documentos obligatorios como el estudio de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos». 

El concejal de Hacienda, David Jurado, apuntaba sobre esta cuestión que «el objetivo del PP es bloquear de forma permanente la actividad del equipo de Gobierno» y reiteró que el pliego de la ZBE «ha pasado cuatro controles de legalidad». Señalaba «no entender» por qué «habría que paralizar su puesta en marcha si se ha dado el visto bueno al documento» y recordó que «esta cuestión es una normativa europea de obligado cumplimiento antes del 1 de enero de 2023». Por su parte, el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, apuntó que «en este Ayuntamiento no hay nada ilegal» y lamentó la «oposición frentista del PP».

Por otra parte, el concejal popular señalaba que los contratos menores se han incrementado «un 30%». «Tampoco en este ámbito se está cumpliendo la ley», aseguró Berzosa, quien puso de manifiesto que «los contratos menores de abril no se han publicado» y es que «tal y como señala la normativa este tipo de contratos deben hacerse públicos como máximo tres meses después». Sobre esta cuestión, el popular también lamentó que «no exista un plan de contratación».

Además, la oposición afeó al equipo de Gobierno, que los reconocimientos extrajudiciales de crédito alcanzaran los 27,8 millones de euros. A este tenor, Jurado recordó que «cuando el PSOE llegó al equipo de Gobierno había treinta contratos sin renovar» y «a día de hoy ninguno se paga por reconocimiento extrajudicial de crédito porque se han ido renovando» y aseguró «en el siguiente informe de control anual esa cifra bajará». 

Ejecución

El debate plenario también acogió el análisis de la ejecución trimestral del presupuesto municipal. «En la primera mitad de año únicamente se han ejecutado un 5% del presupuesto destinado a inversiones», señaló Berzosa, quien señaló que «sin embargo se ha incrementado la recaudación a través de tasas, impuestos y precios, pasando de 25,8 millones de euros a 22,8 millones». «El Ayuntamiento cada vez recauda más e invierte menos», aseveró.  

Una afirmación que Jurado quiso desmentir asegurando que «la mayor recaudación responde a un mayor número de usuarios de los servicios públicos» porque «desde 2019 no se ha subido ni un impuesto ni una tasa ni un precio». A mayores «se han puesto en marcha nuevas exenciones y bonificaciones como las de las escuelas infantiles o las  de autobuses».

El responsable de Hacienda señaló, además, que «el presupuesto de inversión es tres veces mayor que en años anteriores- se ha pasado de 25 a 75 millones- y no es lógico hablar de porcentajes en este sentido». Así, explicaba que «mientras que en 2021 la ejecución de la inversión en la  primera mitad del año era de 4,6 millones de euros, en este año se ha quedado en 4 millones, una cifra no muy distinta».

Berzosa señaló además el incremento de gasto corriente y en personal. «Hemos pasado de 25,1 millones a 29,6 en gasto corriente y los servicios cada vez tienen más quejas», aseguró. Mientras, «el gasto de personal ha pasado de 20.5 millones en 2019 a 29,6 en 2022». Sobre estas dos cuestiones, el propio Jurado señalaba que «hay más gasto en personal no solo por la incorporación de la gerencia de Fomento y del IMC al ayuntamiento tras dejar de ser organismos autónomos si no porque ha habido subidas salariales de hasta el 2,5%»