El juez atribuye 6 delitos de terrorismo al autor de las cartas bomba a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó ayer el ingreso en prisión incondicional de Pompeyo P. G., el jubilado de 74 años vecino de Miranda de Ebro detenido por la Policía Nacional por el envío de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza, a la embajada de Estados Unidos en Madrid y al centro de satélites Base Aérea de Torrejón.

En el auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción Central 4 de la Audiencia Nacional se atribuye a Pompeyo P. G., que se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez, seis delitos de terrorismo, dos de ellos de terrorismo agravado por el envío de dos cartas a dos autoridades del Estado, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, así como otro delito de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. Unos hechos por los que el jubilado mirandés podría enfrentarse a 20 años de cárcel. 

El auto del juez Calama justifica la calificación como terrorismo de estos envíos de las cartas bomba en que «si bien no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno», el contexto en el que se producen, con la guerra en Ucrania, y los destinatarios, conducen a establecer que el objetivo era «alterar gravemente la paz pública» para transmitir el «mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania», así como «obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa». 

Una intencionalidad que, según el auto del juez Calama, se reafirma en las páginas webs que consultaba Pompeyo, como Russiatoday.com; RT, portal de noticias ruso; www.armas.es, portal autodenominado ‘periódico digital mundial sobre armas en español’; www.química.es; y sputniknews.com.

El juez de la Audiencia Nacional establece hasta diez indicios que apuntan al jubilado de Miranda como el autor de los envíos de las cartas bomba. Los sobres de cartón que no explotaron enviados a Presidencia del Gobierno, la embajada de EE.UU, y SatCen se encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. Las imágenes de seguridad confirmaron que el resto de cartas bomba pasaron también por este centro, lo que pudo hacer pensar en un principio que se enviaron desde Valladolid. 

La investigación policial realizó una trazabilidad de los envíos a la inversa hasta los camiones de reparto, lo que llevó a los investigadores hasta Burgos, y pudieron determinar que se enviaron desde diferentes buzones de la capital burgalesa. El análisis de los sellos estampados en los sobres también fue clave en la investigación. En concreto, el análisis de los sellos ‘Disello cat. General 0,75 euros’ y ‘Monte Santa Trega 2,70 euros’ permitió determinar que se compraron en un estanco de la calle San Pablo 17 y en otro de la calle Sombrerería 19. En cuanto a las características de los sobres, la investigación policial establece que se compraron en la página web que comercializa su venta online www.sobres.es. Pompeyo compró 25 sobres ese tipo el 5 de noviembre pasado.

El análisis de los sellos ‘Disello cat. General 0,75 euros’ y ‘Monte Santa Trega 2,70 euros’ permitió determinar que se compraron en un estanco de la calle San Pablo 17 y en otro de la calle Sombrerería 19

Los investigadores solicitaron información a Amazon sobre las compras realizadas por Pompeyo a través de este portal web entre los meses de junio y julio de 2022. En ese periodo, adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes. Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, compró pegatinas adhesivas de 100 x 50 mm, bisagras de 25 x 23 mm, toda clase de tornillería, brocas de precisión, plantillas para dibujar los números y el abecedario, plantillas para dibujar números y letras del abecedario. 

El análisis científico y la comparación de estos productos que compró Pompeyo con los que contenían los sobres y las cajas con explosivos confirmaron que las etiquetas autoadhesivas blancas son del mismo tipo que las que se colocaron en los sobres, así como plantillas para dibujar números y letras del abecedario fueron utilizadas «con muy alta probabilidad» para escribir los destinatarios y direcciones de envío. También coincidían las bisagras que adquirió para elaborar las cajas que contenían los explosivos, así como una broca con la que hizo dos agujeros en pieza de aluminio del artefacto remitido a la embajada de Ucrania. 

Los investigadores también analizaron la dirección IP de la conexión a internet de Pompeyo y vieron que coincidía la que se usó para realizar las compras en Amazon con la que se consultó, en tres ocasiones, la página web del Ministerio de la Presidencia. 

La Policía constató que en los restos de ADN hallado en los artefactos enviados a las embajadas de Ucrania, Estados Unidos, SatCen, Ministerio de Defensa, Ministerio de Presidencia, y mercantil Instalaza aparece un mismo perfil genético. En el dispositivo de vigilancia al detenido desplegado por la Policía se pudieron conseguir restos de la basura que depositó en un contenedor para compararlos con los vestigios hallados en los sellos y en los explosivos con un resultado positivo.

En la entrada y posterior registro del domicilio de Pompeyo en Miranda, la Policía encontró diversas varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su anterior el pistón incendiario de los artefactos explosivos caseros, así como diferentes tornillos junto con muelles similares al ‘percutor’ que se utilizó en los artefactos incendiarios caseros, y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para la elaboración de los artefactos. 

El juez justifica la prisión incondicional al considerar que puede haber riesgo de fuga por la gravedad de los delitos que se le imputan, así como el uso de aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como VK, y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo, así como que la transcendencia de sus acciones violentas «pudieran facilitar su huida a territorio ruso, recibiendo al efecto ayuda de ciudadanos de dicho país».