La huelga de letrados judiciales deja en el limbo más de 4.700 notificaciones

Cuarenta días de paro indefinido, cuatro reuniones infructuosas y acusaciones cruzadas cada dos por tres. La disputa que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) con el Gobierno parece estar cada vez más lejos de un acuerdo capaz de satisfacer a ambas partes. El comité de huelga reclama un incremento salarial de 1.100 euros mensuales y el Ministerio ofrece subidas de hasta 5.000 euros al año para más de 700 letrados. El panorama, visto lo visto, no pinta nada bien y la «preocupación» aumenta en los colegios de Abogados y Procuradores de Burgos. Por el atasco administrativo, claro está, pero también por el perjuicio que se causa a la ciudadanía que necesita recurrir a los tribunales.

«Nadie esperaba que esto fuera a durar tanto, ni los propios LAJ», reconoce el decano del Colegio de Procuradores, Elías Gutiérrez, convencido de que «ha llegado el momento de que vuelvan a incorporarse al trabajo, traten de recuperar la normalidad y luego sigan negociando lo que crean conveniente». Llegados a este punto, considera que «es lo más provechoso tanto para los ciudadanos y los profesionales como para ellos». Más que nada, por el volumen de notificaciones que se van acumulando. Y para muestra, un botón: el pasado mes de febrero se registraron 4.763 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Un dato «revelador» a ojos de la decana del Colegio de Abogados, Mónica Pérez Villegas. Tal y como está el patio, no le cabe duda de que se avecina un «aluvión de notificaciones» que «nos van a hacer más esclavos de los plazos». Se corre el riesgo, según advierte, de generar un «embudo de botella» en los tribunales que, obviamente, conllevará una mayor carga de trabajo para los LAJ a posteriori. Por eso, también le gustaría que las partes implicadas en el conflicto resuelvan cuanto antes un problema «enquistado».

Pese a su anhelo compartido, ni Gutiérrez ni Pérez Villegas se muestran demasiados optimistas. «Las negociaciones están en un punto sin salida», asegura el decano de los procuradores mientras su homóloga en el Colegio de Abogados subraya que el comité de huelga y el Ministerio se sitúan «cada vez más lejos». Sobre todo a raíz de su último desencuentro, expuesto a través de un comunicado del comité en el que se acusa a los representantes ministeriales de exigir «unilateralmente» que las comunicaciones se realicen a partir de ahora «mediante el intercambio de propuestas por medio de correo electrónico».

Para los LAJ, adoptar dicha postura «demuestra claramente su falta de voluntad de solucionar el conflicto». Por todo ello, los convocantes del parón tienen previsto manifestarse en Madrid el próximo jueves, 9 de marzo, siguiendo el mismo recorrido que el pasado 24 de enero.

Elías Gutiérrez, decano del Colegio de Procuradores: «En Burgos, los LAJ se han comportado con bastante responsabilidad en comparación con otros sitios».

Sin entrar en este tira y afloja y dejando claro en todo momento su «respeto al derecho de huelga», Gutiérrez cree que el comité «se ha equivocado de cabo a rabo» al mantener una «posición absolutamente agresiva contra los colectivos profesionales (abogados y procuradores) y contra el Ministerio, muchas veces con insultos». Aparte, le parece «sorprendente» que pretendan equiparar sus salarios al de los jueces en un 85%, ya que «cada colectivo tiene unas funciones, unos emolumentos y unas formas de acceder a su profesión mediante una oposición».

Situación en Burgos

Uno de los mayores perjuicios que la huelga de los LAJ causa al ciudadano de a pie es el hecho de acudir a un juicio y enterarse justo en ese momento de que la vista no se va a celebrar. Demandantes, testigos, peritos... Esta situación ha provocado «muchas disfunciones» y, además, «pierdes tu tiempo». No en vano, Pérez Villegas celebra que los letrados de Burgos se hayan comprometido a «anticipar si los juicios se suspenden o no».

«En Burgos, los LAJ se han comportado con bastante responsabilidad en comparación con otros sitios donde llevan mes y pico absolutamente parados», apunta el decano del Colegio de Procuradores mientras coincide en la apreciación de Pérez Villegas respecto a la suspensión de juicios sin previo aviso. «Hay gente que dice que (informar) sería contraproducente para el objetivo que persigue la huelga, pero estás perjudicando a personas que tienen que salir de sus trabajos y el daño es muy grande», reflexiona.

Mónica Pérez Villegas, decana del Colegio de Abogados, lamenta que esta situación esté «afectando al derecho de defensa del ciudadano».

Tampoco pasan por alto abogados y procuradores las grandes cantidades de dinero que no llegan a sus destinatarios, ya sea por indemnizaciones, pensiones alimenticias, reclamaciones... No en vano, los juzgados de lo Social se están viendo menos afectados que el resto y eso repercute positivamente en aquellas causas relacionadas con despidos de trabajadores. Donde sí se nota mayor paralización, tal y como indica Pérez Villegas, es a la hora de ejecutar sentencias o la realización de informes sobre tasaciones de costas, algo que afecta directamente a los abogados burgaleses porque «la inmensa mayoría somos procesalistas».

A modo de conclusión, Gutiérrez recuerda que «hay precedentes de otros sectores donde el Gobierno ha tomado medidas duras y no me gustaría que esto sucediera aquí». Eso sí, también es consciente de que «si el Ministerio cede van a venir el resto de colectivos a pedir detrás». Por lo tanto, opina que se debe actuar «de una manera responsable para evitar males mayores».

Por su parte, la decana de los abogados apela al entendimiento entre las partes porque este encontronazo está «afectando al derecho de defensa del ciudadano» debido a la «paralización de procedimientos judiciales» que, en muchos casos, son de vital importancia para quien los inicia.