Modificación del PGOU. Urbanismo recibe ya peticiones para obras en espacios privados de uso público

Las comunidades de vecinos asentadas en espacios privados de uso público han comenzado a dirigirse al Ayuntamiento de Burgos, más en concreto a la Gerencia de Urbanismo, para plantear necesidades de obras de conservación y mantenimiento de sus zonas más aledañas. 

No lo habían dejado de hacer nunca,  pero con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante el Pleno del pasado 17 de marzo, se abre un horizonte de esperanza para los 200 espacios que abarcan alrededor de 300.000 metros cuadrados repartidos por toda la ciudad. 

Durante décadas solo se acumulaban los problemas y las sentencias judiciales contra el Ayuntamiento a quien los jueces hacían responsable del mantenimiento de estas calles y plazas, así como de los jardines o los parques infantiles allí ubicados. Pero se ha despertado un mayor interés con el paso administrativo de la aprobación inicial como corrobora el concejal del área, Daniel Garabito.

Entre las comunidades que ya se han interesado hay varios portales de la zona de San José Obrero, donde ya se hicieron obras en años anteriores, la zona de San Francisco y la plaza Vadillos, son algunos de los ejemplos.

La redacción del PGOU recoge específicamente que la ciudad se hará cargo de la limpieza, el riego y mantenimiento de los jardines y árboles, de la factura eléctrica y el cambio de luminarias, así como la conservación de los pavimentos, que implica la renovación de baldosas, la limpieza y baldeo. 

Garabito indica que la idea es que el Ayuntamiento sufrague los costes no que se encargue de los trámites administrativos de redactar los proyectos, licitar y ejecutar las obras a iniciativa propia. «Si un embaldosado está mal por el deterioro de su uso público el Ayuntamiento dará el dinero», concreta, a la vez que recuerda que si está afectada por ejemplo la impermeabilización de un garaje, «todo lo que vaya por debajo de la baldosa mantiene la configuración de que es  zona privada».

«Si un embaldosado está mal por el deterioro de su uso público el Ayuntamiento dará el dinero», concreta Garabito

Cuando entre en vigor el nuevo PGOU, que tardará un mínimo de ocho meses, será el momento en que se producirá el cambio definitivo para todas estas zonas. Pero a la vista del interés que ya se está despertando se ve necesario establecer unas prioridades a la hora de ordenar las actuaciones que se avecinan. 

Además, será necesario que desde Urbanismo se cuente con una partida presupuestaria, que está por definir, para abordar las obras. «Esperemos que se dote de una cuantía importante», señala el concejal socialista, que considera que habrá que establecer unos criterios para ir actuando año a año «puesto que hay mucho suelo privado de uso público».

Garabito señala que se está haciendo una labor informativa para explicar en detalle qué tipo de actuaciones asumirá el Ayuntamiento y se les indica que se archiva su petición en un expediente para activar las obras.

La modificación del PGOU está en periodo de información pública durante los próximos dos meses, después se abre un tiempo para contestarlas y una vez resuelto ese trámite se realiza la aprobación provisional en Pleno municipal. Después es la Junta de Castilla y León la que lo revisa, informa y aprueba definitivamente. Todo esto da cuenta de que la tramitación es todavía larga.

Las zonas privadas de uso público no son un invento envenenado de la ciudad de Burgos, existen en otros municipios. Pero a la vista de la problemática que generan, el concejal de Urbanismo comparte que la voluntad es no aumentar estas superficies en las promociones urbanísticas futuras. «Si se tienen que usar que sea en exclusiva en lo lugares en los que sea imprescindible por la configuración de la ciudad», afirma.

La consecuencia sería que esos espacios «sean privados de uso privado», es decir que se puedan vallar para el uso exclusivo de las comunidades de propietarios y que no queden dudas de que serán los dueños lo que se hagan cargo de su mantenimiento. 

De esta manera, desde el Ayuntamiento también se estará receptivo si hay vecinos que aboguen por cambiar la calificación actual de espacio privado de uso público a espacio privado de uso privado «siempre que no generen un problema a nivel ciudad en la trama urbana». Para gestionar esa modificación sería necesario una tramitación urbanística, pero la idea sería «concederlo» sino causa perjuicios.

El primer paso sería que la comunidad de vecinos esté de acuerdo mayoritariamente y, como indica el concejal, conseguir ese acuerdo es muchas veces complicado porque son «muchas voces» a las que poner de acuerdo.

La opción contraria de asumir como 100% públicos los espacios que ahora son privados de uso público resultaría más complicada «jurídicamente», puesto que debajo de las manzanas que se generan suele haber aparcamientos subterráneos de carácter privado.

La modificación del PGOU, que ha costado cinco años sacar adelante por su complejidad y la cantidad de materias que se han abordado, se hizo necesaria tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2016 que anuló cuatro sectores urbanísticos y un total de 15.000 nuevas viviendas, puesto que se consideraba un crecimiento irreal de la capital.