Abogados y procuradores se movilizarán «hartos» de la huelga de funcionarios
Lamentan el «silencio» del Poder Judicial y reivindican un Pacto de Estado para frenar la «paralización» en los juzgados / La suspensión de procedimientos en Burgos ronda el 80% y en Castilla y León ya se están fijando señalamientos para 2025
Los abogados y procuradores de Castilla y León exigen el fin de la huelga de funcionarios de Justicia.
«La paralización lleva al colapso y el colapso a la falta de confianza». Con esta reflexión, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz, resume perfectamente la «preocupación» y «malestar» que impera en la profesión, y también en la Procura, tras dos meses de huelga por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia. Llegados a este punto, con las negociaciones en stand by, ambos colectivos se concentrarán el miércoles 28 de junio frente a las sedes judiciales de la Comunidad para visibilizar su «hartazgo» y exigir el fin del parón apelando a la «concordia» y la «responsabilidad» de las partes implicadas.
Los decanos de las nueve provincias cierran filas y cuentan con el firme respaldo de los procuradores, también afectados por una «situación límite», que, visto lo visto, no parece que vaya a solucionarse de inmediato. En base a ello, el CACYL ha elaborado un manifiesto conjunto que será entregado este miércoles al fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena. Aparte, el Consejo también trasladará la necesidad de contar con fiscales en los partidos judiciales y de acceder al expediente en la Fiscalía de Menores.
Al margen de la concentración del día 28, donde también se pondrá de manifiesto la importancia de «racionalizar la organización de la Oficina Judicial», Sanz apela a la «responsabilidad» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por ahora guarda «silencio» y no facilita información sobre los «mecanismos de control de la huelga». De igual manera, tanto abogados como procuradores coinciden al reclamar un Pacto de Estado por la Justicia, implementando recursos económicos y materiales de manera urgente, para atajar esta «crisis institucional».
A falta de datos oficiales sobre el impacto del parón en los juzgados de Castilla y León, cada territorio trata de recopilar las cifras por su cuenta. Según detalla el decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez, la paralización de procedimientos en la provincia ya ronda el 80%. Entretanto, Sanz apunta que en Segovia se han suspendido más de 500 mientras el decano de los abogados de Salamanca advierte que el «tapón» ya ha provocado la fijación de juicios penales para 2025.
«El perjudicado realmente es el ciudadano», sentencia la decana del Colegio de Abogados de Burgos, Mónica Pérez Villegas, temerosa de que la opinión pública acabe normalizando la situación. Por eso, no duda en reivindicar una «Justicia ágil, eficaz, cercana y próxima».
A modo de conclusión, el presidente del CACYL sostiene que «si al final se va a terminar pagando, que se pague ya». Partiendo de esta base, urge un acuerdo a la mayor brevedad posible, ya que el aplazamiento de procedimientos para 2024 e incluso 2025 dilatará su resolución, como mínimo, unos dos años.