PP y Vox ven su Zona de Bajas Emisiones de mínimos como garantía de la libertad de movimiento

Sin sorpresas, el Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Burgos ha dado los resultados previstos con los apoyos ya conocidos, el sí del bipartito y el no rotundo del PSOE. Salía, pues, adelante la aprobación definitiva de la gratuidad de los buses municipales para todos los mayores de 65 años y obtenía luz verde de forma provisional la ordenanza que sostendrá la Zona de Bajas Emisiones diseñada por PP y Vox. 

También se acordaba, en este caso por unanimidad, otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Policía Nacional con motivo de su doscientos aniversario.

Hasta ahí los hechos, salpicados, claro está, de argumentos en todos los sentidos durante las dos horas de duración de una sesión que volvía a subrayar el abismo existente entre un equipo de Gobierno, al que no parecen hacer mella las conocidas desavenencias internas en materias concretas, y la oposición socialista, que discutió incluso la urgencia de la reunión, pues a juicio de su portavoz, Daniel de la Rosa, bien pudieran haberse votado los puntos en cuestión en la cita ordinaria de mayo.

Descartada la idea, la movilidad urbana pasó a centrar los dos debates relevantes cuyo guion fue casi idéntico: cruce de acusaciones, defensa de las decisiones tomadas y anuncio socialista -ya contemplado- de recurrir el texto aprobado, por lo 'civil' o por lo judicial.

Por lo primero, con alegaciones, empezará con la nueva Zona de Bajas Emisiones. Y es que el diseño acordado in extremis por Partido Popular y Vox (de mínimos, como todos reconocen e incluso sus impulsores defienden) era tildado de «fraude de ley» por el PSOE, al considerar que la reducción al extremo del perímetro de tráfico restringido y la proliferación de excepciones «vulneran los objetivos fijados por la propia ordenanza -destinada a reducir los niveles de contaminación, a potenciar modelos más sostenibles y a impulsar la eficiencia energética- y los de la Ley de Cambio Climático», a cuyo cumplimiento supedita el Gobierno la concesión de fondos europeos, por importe en este caso de 2,6 millones, para el desarrollo de las medidas planteadas.

Tanto el concejal de Movilidad, el ‘popular’ José Antonio López, como el edil de Comercio, Raúl Martínez, en representación de la formación verde, coincidieron en subrayar que, lejos del planteamiento de De la Rosa, la Zona de Bajas Emisiones acordada por ambos partidos garantiza la libertad de movimiento de los ciudadanos. «Cumplimos así con nuestro compromiso de facilitar la vida a los burgaleses. Lo que querían hacer ustedes era una aberración», señalaba Martínez, «orgulloso» de haber recortado la superficie afectada por este plan de reducción de gases contaminantes de los dos millones de metros cuadrados que contemplaban las distintas áreas restringidas por el fallido diseño socialista a los 450.000 metros cuadrados actuales.

«Y sin trampa ni cartón», añadía López, para presumir de haber 'salvado' del «ostracismo deambulatorio» a los más de 80.000 vehículos con distintivos ambientales B y C que el PSOE quiso excluir en el anterior mandato. «Estarán además en manos muy probablemente de personas con menor poder adquisitivo», indicó, para cuestionar la «proscripción» pretendida por el exalcalde, a su juicio, «pues han de someterse cada año a una inspección técnica».

Ambos concejales recordaban al portavoz del PSOE que otros factores respaldan la decisión del equipo de Gobierno de minimizar la Zona de Bajas Emisiones. «¿Cuántas veces al año supera Burgos el límite de contaminación establecido? El doble de nada, es decir, nada de nada», aseveraba Martínez, vehemente. A tal dato sumaba López el alcance de la red de transporte público, la densidad de población, que «es máxima en el casco histórico al que se atiene el perímetro», y el impacto económico negativo de maximizar el área restringida.

Destacaba además el presidente del Servicio de Movilidad y Transporte (SMYT) que «este planteamiento no es inamovible y puede revisarse en unos años si los objetivos perseguidos vinculados a la calidad del aire y el ruido a causa del tráfico rodado no se logran». 

Con todo, al hilo de las críticas vertidas por el PSOE y el anuncio de recurrir -vía alegaciones- la aprobación del texto que ha realizado en el Pleno Daniel de la Rosa, José Antonio López -que parafraseó hasta en un par de ocasiones a Marco Tulio Cicerón- espetaba que «si se pierden los fondos adjudicados será por las posibles maniobras fuera de la lealtad institucional que puedan hacer (los socialistas) en el Ministerio de Transportes».

Dolido por la insinuación, el exregidor enumeró las modificaciones realizadas respecto a la propuesta socialista: «Tres cuartas partes de las calles afectadas son peatonales. Han pasado de 58 puntos de acceso a 20 y de 61 cámaras de vigilancia a 19 y han reducido al mínimo los metros cuadrados de restricción, además de dejar pasar a todo dios. La prórroga concedida para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones gracias al interés del PSOE estaba supeditada a que no se realizaran cambios sustanciales en el diseño. ¿No cree que los relatados son cambios sustanciales? Los únicos responsables si se pierden estos fondos serán ustedes». De paso, Daniel de la Rosa recomendaba incorporar una disposición derogatoria al documento, para evitar conflictos con otras ordenanzas en vigor.