El PP de Burgos se felicita por la ley de blindaje de los servicios públicos

El PP de Burgos se felicita por la aprobación la pasada semana en las Cortes de Castilla y León de la ley de blindaje de los servicios públicos, una norma que, en esencia, prohíbe recortar cualquier prestación sanitaria, educativa o social actualmente vigente.

La responsable de cantar las alabanzas de este texto aprobado con los votos 'populares' y de Vox era la procuradora del PP por Burgos Inmaculada Ranedo, que aseguraba con rotundidad que la iniciativa servirá para garantizar la "excelente calidad" de los servicios esenciales que hoy en día presta la Administración regional. "El objetivo es proteger lo que se ha conquistado hasta ahora, que, venga quien venga en el futuro, nunca se recorten esas prestaciones, que solo se pueda mejorar", recordaba. 

Aseguraba, además, al respecto, que "no hay ninguna complacencia" en la ley y que el apelativo 'excelente' no lo ponen ellos -pues podría considerarse que son juez y parte-, sino que se desprende de distintos informes externos que ubican a Castilla y León al frente de los tres ámbitos citados. Salían a relucir en este punto las conclusiones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, las encuestas realizadas a usuarios o las estadísticas que otorgan a la región la mejor ratio de médicos del país, también citó Ranedo los resultados del informe PISA o las reiteradas valoraciones positivas de los directores gerentes de Servicios Sociales o del Observatorio de la Dependencia.

La procuradora del PP reconocía, no obstante, que el texto en cuestión no incorpora límite alguno que no se pueda rebasar en pro de la calidad citada, es decir, no señala un presupuesto mínimo a destinar a las áreas citadas, ni unos ratios intocables de recursos humanos o dotaciones materiales, tales como consultorios o centros educativos. «Sabemos dónde estamos y sabemos que siempre tiene que ir para arriba y no puede ser menor de lo que ahora mismo tenemos», respondía la ‘popular’, preguntada por tal cuestión.

El texto sí que contempla, sin embargo, la posibilidad de ajustarse a circunstancias cambiantes como, por ejemplo, el cierre de un colegio en un pueblo ante la falta de niños en una localidad durante varios cursos, según precisaba Ranedo, que mencionaba precisamente este ámbito de actuación, el rural, por tratarse del principal beneficiario de la norma en cuestión y, "si es preciso, aplicar una discriminación positiva para que estas zonas mantengan sus servicios".

Aprovechaba la procuradora para arremeter contra el PSOE en general y contra el portavoz del grupo parlamentario socialista, Luis Tudanca, en particular, por haber votado en contra de esta ley. Consideraba que esta posición se aleja de "la política que verdaderamente se debe hacer, que es la de luchar por las personas y mejorar su vida" y acusaba a Tudanca de obrar contra los habitantes los ciudadanos al rechazar esta norma al tiempo que defiende una financiación diferente para cada comunidad autónoma, un modelo "irregular, totalmente insolidario, que hace que Castilla y León se vea totalmente desfavorecida", lo que, según Ranedo, otorga aún más importancia al blindaje promovido por el PP.