El Ayuntamiento saldará de golpe su deuda con abogados, procuradores y graduados sociales

Antes de acabar el año, el Ayuntamiento de Burgos saldará su deuda con los colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. Ese es el compromiso adquirido por el actual equipo de Gobierno, con Cristina Ayala a la cabeza, tras la renovación del convenio de colaboración con estas tres administraciones y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para facilitar la mediación en materia social laboral. De esta forma, se abonarán las cantidades pendientes de pago, desde el año 2022, fruto del anterior acuerdo. 

Ha sido la propia alcaldesa quien ha explicado el origen del problema mientras daba gracia a los decanos de los colegios por su «paciencia». Al no incluirse en los presupuestos municipales de los dos últimos ejercicios, la deuda seguía pendiente y por eso era necesario echar cuentas y estar «en paz». En cuanto al nuevo convenio, se establecen las mismas condiciones que el anterior. La cuantía, por lo tanto, asciende a 60.000 euros anuales que se repartirán de manera equitativa entre abogados, procuradores y graduados. 

Tal y como figura en el convenio, la mediación intralaboral se mantendrá por lo menos hasta 2027. No obstante, la intención del Ayuntamiento es afianzar un «compromiso a largo plazo». Por otro lado, Ayala ha señalado que queda pendiente alcanzar un acuerdo de similares características con el CGPJ para facilitar mediaciones en el ámbito contencioso-administrativo. 

Lo importante, más allá de la deuda contraída que teóricamente se pagará en breve, es que el servicio «ha venido funcionando sostenidamente en el tiempo». Así lo remarcaba la decana del Colegio de Abogados, Mónica Pérez Villegas, satisfecha por el elevado porcentaje de éxito alcanzado gracias a esta herramienta. 

Según consta en las memorias de 2022 y 2023, se realizaron 45 labores de mediación cada año. La gran mayoría -en 39 y 42 ocasiones, respectivamente- siguieron adelante, con el fin de evitar el paso por los tribunales, y en ambos casos el 87% de los conflictos culminaron con acuerdos positivos. Por otro lado, cabe destacar como práctica habitual que «los abogados que acompañan a las partes recomiendan la mediación con posterioridad». Es decir, «se genera un efecto llamada muy importante para el servicio».

Consciente de que este convenio es «un éxito y un ejemplo a nivel nacional», Pérez Villegas ha destacado la «apuesta» del Ayuntamiento desde 2017 por la «cultura de la paz y del acuerdo» para tratar de garantizar una justicia «más eficaz, ágil y equitativa». En la misma línea, la decana del Colegio de Procuradores, Pilar Olalla, ha puesto de manifiesto la importancia de asegurar el «beneficio del ciudadano» mientras agradecía que el equipo de Gobierno haya «escuchado» las quejas de los colegios para actuar de una forma «muy rápida». 

Por su parte, el decano del Colegio de Graduados Sociales, Benito Saiz, ha incidido en la necesidad de «desatascar» una «reivindicación justa» que venía de «tiempo atrás». De igual manera, ha defendido la profesionalidad de sus compañeros -inclusive abogados y procuradores- porque «a pesar de que no estuviera firmado el convenio, los servicios se han seguido prestando».