Greenpeace se cuela en el MEH de Burgos: «Es una cuestión de justicia social»
La organización ecologista protagoniza idénticas acciones reivindicativas en cuatro museos de España para defender el futuro de la agricultura familiar frente a su peligro de extinción
Obra de Greenpeace colocada en tres museos de España.
Sin que nadie se percatara de su acción, tres grupos de activistas de Greenpeace se han colado este martes en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos y los museos arqueológicos de Madrid, Murcia y Almería con el objetivo de reivindicar la agricultura familiar y alertar a la ciudadanía de su peligro de extinción. Para ello, han colocado una pieza en cada uno de estos complejos junto a otras tan relevantes como el cráneo de Miguelón o la Dama de Elche.
Bajo el lema Agricultura familiar ¿en extinción?, la organización ecologista ha colocado cuatro losas de piedra caliza con restos de pinturas rupestres de unos 20 x 30 centímetros que representan a una familia de personas agricultoras y ganaderas trabajando la tierra. Con esta obra, se pretende denunciar el riesgo de que las pequeñas explotaciones agropecuarias, que aún resisten y de la que depende la sostenibilidad del medio rural y la alimentación futura de la población, se conviertan en una pieza de museo.
«Creemos en el poder de resistencia de nuestra pequeña agricultura. Creemos no solo en su capacidad de resistencia sino en su capacidad de innovación y adaptación, pero hay que apoyarla porque el contexto y los enemigos son muy poderosos. Y por eso, porque no queremos que estas personas, que producen alimentos y cuidan el territorio, se conviertan en una pieza de museo estamos aquí con esta acción», señala Helena Moreno, responsable de Sistemas Alimentarios Sostenibles de Greenpeace en España.
Según incide, «es urgente que se garantice la supervivencia de la agricultura familiar y social y una de las herramientas para ello tiene que ser la Ley de Agricultura Familiar». Por ello, la organización reclama al ministro de Agricultura, Luis Planas, que cumpla su promesa y lidere esta ley para defender a las pequeñas producciones. «Es una cuestión de justicia social y ambiental que frenemos el acaparamiento agroindustrial y de fondos de inversión. No permitiremos que esa pequeña agricultura desaparezca y se convierta en una pieza para el recuerdo. Desde las políticas públicas, el activismo y la lucha social, defenderemos que esta actividad continúe y tenga buenas condiciones», subraya.
Tal y como recuerda Greenpeace, «la agricultura familiar y social sigue siendo la más importante de nuestro país y actualmente todavía representa el 60 % de la agricultura española, pero desde 2007 ha disminuido un 36 %, dando paso a nuevos modelos de producción de agricultura altamente capitalizados y sin personas agricultoras». Sin embargo, «este modelo, ultra tecnificado, está concentrado en manos de grandes corporaciones agrícolas, e implica problemas sociales, económicos y éticos vinculados a la pérdida de empleos rurales, a la concentración de la producción y distribución alimentaria, y la consecuente pérdida de soberanía alimentaria y de modos de vida en las zonas rurales».
Para Greenpeace la agricultura familiar y social representa a «aquellas pequeñas producciones comerciales que tienen una producción económica de entre 4.000 a 50.000 euros anuales». Además, «es clave para un medio rural vivo en el que se preservan valores culturales y el conocimiento tradicional sobre el manejo de los agroecosistemas fundamentales para la sostenibilidad social y medioambiental».
En paralelo, según remarcan desde Greenpeace, «las mega explotaciones dominadas por empresas del agribusiness, se han más que duplicado desde 2007. Y a pesar de que aún representan sólo el 7% del total, constituyen ya la mitad de la producción económica total en 2021, lo que indica una concentración del poder económico en manos de relativamente pocas empresas». Se trata, por lo tanto, de «una tendencia extendida en toda Europa que pone en peligro el trabajo de muchas familias, asociaciones y cooperativas de pequeña escala, la calidad de nuestra alimentación y constituye también un peligro para la preservación de las zonas rurales y el medio ambiente». De hecho, «desde 2007 estas pequeñas explotaciones perdieron 287.000 puestos de trabajo».