El PP reclama acortar el plazo fijado para actualizar el proyecto de la A-11

De «tomadura de pelo» tildaba el senador ‘popular’ por Burgos Javier Lacalle la licitación de la actualización del proyecto de trazado y construcción del tramo de la A-11 entre Castrillo de la Vega y el límite provincial con Valladolid. «Llega muy tarde y viene con truco», aseveraba con vehemencia el exalcalde de Burgos, para lamentar que durante los últimos seis años no se haya avanzado nada, «lo que, además de provocar que la declaración de impacto ambiental haya caducado, ha obligado a rehacer» la propuesta, para recalcular los costes de las unidades de obra.

Más allá del retraso acumulado, como otras tantas infraestructuras de la provincia, las quejas del PP se centraban en la propia licitación publicada hace apenas quince días. Y es que el concurso marca un plazo para realizar la citada actualización de 36 meses. Se trata, según Lacalle, de un periodo excesivo, pues «se puede hacer en entre 12 y 18 meses, incluso 24 como mucho y hay varios ejemplos de otros proyectos que lo demuestran», indicó, para enumerar los tramos entre Toledo y Ocaña, Cornellá y el puerto de Barcelona o el enlace entre la M30 y la M40, «licitados a la vez y con plazos muy inferiores al de la A-11».

Lo grave, no obstante, es que el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reconocía meses antes de la licitación, allá por abril de 2024, que dos años bastaban, para incrementarlo a tres en diciembre «por motivos de disponibilidad presupuestaria».

Concluía Lacalle de este vaivén que el departamento encabezado por Óscar Puente quiere «aparentar que hace algo sin hacer nada», más aún al diferir el pago del trabajo al último año. Y es que el propio pliego señala que se abonará apenas un 0,7% de la cuantía total (3,26 millones) en 2025, 100.000 euros en 2026, 500.000 euros en 2027 y los 2,64 millones restantes en 2028. «¿Qué empresa va a querer trabajar así? Es imposible», criticaba, para añadir que, además, la documentación establece que en todo caso la ejecución de la actualización en cuestión no comenzará antes del 1 de octubre del presente año, «un paripé», juzgaba Lacalle, motivado por la falta de dinero de Transportes.

Habida cuenta de la situación el PP exigía que «de inmediato se produzca una modificación» del concurso para recortar el plazo de 36 a 18 meses, «un tiempo más que razonable», y reubicar las partidas presupuestarias de la siguiente manera: «500.000 euros se gastarán en 2025, entre 1,5 y 2 millones en 2026 y de 500.000 a 700.000 euros en el siguiente ejercicio». «Estamos a tiempo de hacer estos cambios, que apenas supondrían perder quince días para ganar dos años. Creemos que se podría ejecutar entre el verano de este año y la primavera de 2027», zanjó el senador, para advertir que «si no se hace así no habrá máquinas en la zona hasta 2032».

Apelaba Lacalle a la voluntad política del Gobierno central para agilizar el proyecto y, una vez efectuada la actualización, licitar cuanto antes la ejecución de los trabajos.

Por su parte, el diputado por Burgos en el Congreso Ángel Ibáñez aprovechó la ocasión para recordar que hay hasta 4 tramos de otras vías, tales como la A-12 y la A-73, que tienen que pasar por el mismo trámite. «Estaremos muy vigilantes para que no se perpetre lo mismo que en este caso», avisó.

Al respecto, explicó que el PP llevará a cabo una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar celeridad «y para que se ajusten las cuestiones presupuestarias a las necesidades de la provincia y no al revés». Se preguntaba Ibáñez en este sentido «qué le ha hecho Burgos al PSOE para que le trate tan mal» y lamentaba la «quiebra absoluta de la igualdad entre territorios» que a su juicio evidencian casos como el citado.