El Correo de Burgos

La PAC 2025 en Castilla y León se repartirá entre menos agricultores sin menguar el presupuesto

Gracias a las protestas del campo, se garantiza «cierta flexibilización» en la condicionalidad y la reciprocidad en intercambios comerciales

Germán Martínez, Ramón Sobremonte, Ángel Gómez y Javier Leal en el Aula Agraria de Caja Rural.

Germán Martínez, Ramón Sobremonte, Ángel Gómez y Javier Leal en el Aula Agraria de Caja Rural.TOMÁS ALONSO

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La superficie agrícola de Castilla y León no mengua. Se mantiene «año tras año de forma sistemática» en unos 5,3 millones de hectáreas, aunque cada vez se concentra en menos propietarios. Una realidad que se verá reflejada en la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2025, aunque la partida presupuestaria de la que dispondrá la Comunidad no sufrirá en principio disminución alguna y rondará los 924 millones.

Con 59.000 beneficiarios en la última campaña, el Gobierno autonómico fue el único de toda España que «pagó la totalidad de las intervenciones de ayudas directas». Así lo remarcaba este martes el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Ángel Gómez, antes de informar sobre los últimos cambios normativos de la PAC, a través del Aula Agraria de la Fundación Caja Rural de Burgos, en el Fórum Evolución. Y lo hizo con un mensaje tranquilizador para los agricultores al asegurar que «no debemos temer por los importes absolutos porque se respetarán».

Sobre las principales novedades de la PAC 2025, Gómez destacó que las protestas del sector agrario a lo largo del pasado año en todo el país acabaron propiciando «cierta flexibilización» de la normativa. Si hablamos de la condicionalidad, por ejemplo, la Comisión Europea «tomó nota de la situación del campo» y el Ministerio de Agricultura «siguió un poco la estela» aunque «no en el mismo nivel», pues tan solo tocó «una parte de los ecorregímenes».

Ese es, precisamente, un «caballo de batalla» al igual que la falta de reciprocidad respecto a terceros países a los que no se exige los mismos requisitos. A este respecto, González Rivero recordó que este año entrará en vigor la condicionalidad social, que «exige que las contrataciones sean acordes a la normativa legal y que se cumplan todas las condiciones de seguridad en el trabajo». Sin embargo, duda mucho que Mercosur vaya a cumplir los mismos requisitos.

Puede que Europa fuese «valiente», aunque a base de dar «pasos un poco atropellados», para modificar todas aquellas normativas vinculadas a la protección del suelo. No obstante, el director general de Política Agraria Comunitaria lamenta que el Ministerio que dirige Luis Planas no fuese «tan proactivo», limitándose a aplicar «meros cambios estéticos» que «lavaron un poco la cara, pero que no entraron de raíz en la problemática que tiene la PAC en realidad». De ahí que de la consejera de Agricultura, María González, urgiese «poner en valor la figura del agricultor activo, establecer una mayor seguridad jurídica en cuanto a las normas de condicionalidad y flexibilizar el manejo a nivel de explotación de los ecorregímenes».

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