Plusvalías y multas acaparan el trabajo del Tribunal Económico Administrativo
Suman el 85% de las reclamaciones de 2024, ejercicio en el que el órgano municipal mejoró su capacidad resolutoria y devolvía más de 660.000 euros a los ciudadanos

Interior de las dependencias municipales de la Plaza Mayor.
El cobro del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, y las multas acaparan la labor del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), órgano responsable de resolver reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos competencia del Ayuntamiento de Burgos.
En concreto, hasta un 65% del total de peticiones registradas a lo largo de 2024 correspondían al citado tributo, con un total de 173, que implica un incremento respecto al ejercicio anterior del 16%. Se entiende pues que este ámbito protagonice también la estadística de resoluciones emitidas en el plazo referido. Llama la atención en este caso que más de la mitad de las 138 en cuestión -76, para ser exactos- eran directamente inadmitidas, 36 desestimadas y 2 archivadas, por lo que solo en 24 ocasiones el tribunal se pronunciaba a favor del particular.
Las multas -de todo tipo- conforman el segundo gran grupo de objetos de controversia que desemboca en la mesa del TEAM: 55 en 2024, año en el que se daba salida a 142, estimándose, a diferencia de lo que ocurre con las plusvalías, un 55%.
Completan el listado de reclamaciones registradas por concepto, las 17 vinculadas al IBI, las 9 por tasas de ocupación, las 4 por la tasa de basuras y otras tantas por otros ingresos y las 2 por los impuestos de Actividades Económicas (IAE), sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y sobre Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM), respectivamente.
Sumadas las 174 entradas detalladas a los 351 expedientes pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2023, el total de solicitudes en trámite el año pasado se eleva a 625, del que obtenían respuesta un 53%, «es decir, 329», destacaba el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, en la presentación de la memoria anual de actividad del TEAM, que devolvía a los ciudadanos un total de 661.489 euros a lo largo del 2024 de los 1,5 millones exigidos.
La cifra dista llamativamente de la de ejercicios previos (solo en 2023 se reclamaron 8,37 millones y se devolvían más de 3,5), algo a lo que el responsable resta relevancia, pues depende del importe aparejado a cada expediente que puede ser mínimo y apenas elevar en conjunto la suma, pese a aumentar el número de liquidaciones.
Se detenía el edil en los indicadores que, tal y como señala el propio documento, avalan la mejora de la capacidad resolutoria de este órgano, que poco a poco se despoja del enorme lastre que supuso la parálisis sufrida durante dos años y medio, que culminó con la reanudación de su actividad a comienzos de 2021.
Si bien los efectos de aquello aún se dejan sentir en los plazos de resolución, el ritmo se ha elevado notablemente y vislumbra en el horizonte, sin alcanzarlo aún, los parámetros legalmente marcados para responder a las reclamaciones. Ocurre en particular con la velocidad de resolución, que mide en años el plazo medio que se emplearía para resolver el total de reclamaciones del año. El límite es doce meses para procedimientos generales y seis para abreviados y la del tribunal burgalés ha caído en apenas un año de 2,5 a 1,8. Tal evolución permitía a Manzanedo augurar que «en breve» se actuará conforme lo exigido.
A ello apunta también la tasa de resolución, que indica el porcentaje entre resueltas y registradas en el mismo periodo. Un resultado superior al 100% implica que salen más de las que entran y en Burgos se llegaba en 2024 al 120%, casi 20 puntos más que el 101% de 2023. También crecía la tasa de eficacia un 13%, hasta el 52%.
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Otro fenómeno destacado que arroja la memoria anual del TEAM pasado es el «incremento de la litigiosidad», pues hasta 17 resoluciones se impugnaron en vía contencioso-administrativa, frente a las 12 de 2023. Con todo, en relación con el número de expedientes cerrados, el porcentaje es muy reducido, apenas un 5%, «fruto, sin duda, de la reactivación del tribunal», según concluye el propio informe.
El propio documento reclama una solución a la situación de prórroga tácita del presidente, Jorge Simón, a quien Manzanedo agradeció el esfuerzo realizado al permanecer en el puesto hasta la designación de un sustituto que se resiste. El concejal anunció que hay dos candidatas en la actualidad. También insiste el informe en la necesidad de contar con más personal de apoyo y una «ubicación adecuada».
Desde su creación en 2012, el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Burgos -conformado por un presidente y dos vocales, con el respaldo de una funcionaria que asume las labores administrativas- ha recibido un total de 3.048 resoluciones y ha resuelto 2.752.