El profesor acusado de agresión sexual en Burgos niega los hechos y lleva más de una semana sin dar clase
La menor, de 14 años y estudiante del López de Mendoza, denunció al docente a finales de febrero ante la Policía Nacional
Exterior del instituto Cardenal López de Mendoza.
La Consejería de Educación investiga un presunto caso de agresión sexual por parte de un profesor hacia una de sus alumnas en un instituto del centro de Burgos. La denuncia se presentó a finales de febrero ante la Policía Nacional y ya está en manos del juez instructor después de que la menor, de 14 años, y su docente prestasen declaración en Comisaría por separado. El profesor, por su parte, permanece sin impartir clases desde ese momento, según ha podido saber este periódico.
Al margen de la instrucción judicial, la consejera de Educación, Rocío Lucas, confirmó el viernes que se está intentando recabar información sobre lo sucedido. Según el relato de la alumna, estudiante de la ESO en el instituto López de Mendoza, el profesor «la besó en los labios sin su consentimiento y de manera sorpresiva».
Una vez conocida esta presunta agresión por parte del docente, la Dirección Provincial de Educación abrió un expediente para aclarar unos hechos que han despertado un gran revuelo en este centro educativo en el que estudian más de un millar de alumnos y donde sigue escolarizada la menor denunciante.
Desde el centro se ha optado por «no hacer ninguna declaración» al tratarse de «un asunto reservado y confidencial que está siendo investigado»
Según ha podido saber este periódico, el profesor, por su parte, negó en todo momento las acusaciones. No solo ante la dirección del centro, sino también cuando le tocó prestar declaración en Comisaría. Según su versión, dada a conocer por la propia consejera de Educación, la denuncia que recae sobre él por el supuesto beso a la alumna es «rotundamente falsa». Por su parte, desde el centro se ha optado por «no hacer ninguna declaración» al tratarse de «un asunto reservado y confidencial que está siendo investigado».
Sea como fuere, la investigación policial recae sobre la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), que continúa intentando esclarecer los hechos tras la entrega de diligencias al juzgado.
Al margen del recorrido penal, cuando se produce una situación de este tipo lo primero que se hace desde Educación es abrir una fase de instrucción a nivel interno en la que se realizan entrevistas con las partes implicadas, así como a otros alumnos, profesores y el equipo directivo. Mientras la investigación sigue su curso, se suele recomendar al docente en cuestión que «se coja la baja» como «medida preventiva», aunque también cabe la posibilidad de que se le suspenda temporalmente hasta que se aclaren los hechos.
En cualquier caso, fuentes escolares consultadas por este diario insisten en que debe primar la «cautela». Sobre todo teniendo en cuenta que, cada año, se comprueba exhaustivamente si los profesores de centros públicos están en el Registro de Delincuentes Sexuales.
Aparte de incidir en la necesidad de ser «prudentes», las mismas fuentes confirman que este tipo de instrucciones suelen durar en torno a dos meses. Una vez recabadas las pruebas, un inspector de Educación procedente de otra provincia se encarga en última instancia de emitir una resolución, ya sea sancionadora o absolutiva.